De acuerdo con cifras oficiales, en México existen diez mil empresas de seguridad privada, se estima que de éstas el 80 por ciento operan fuera de toda normatividad; en 2007 se tenía registro de 358 compañías con autorización federal, que contaban con 78 mil 927 elementos operativos, 9 mil 228 vehículos y 23 mil 721 armas.

Ante ello, la diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, propuso una iniciativa que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de adecuar este marco legal con las nuevas necesidades que demanda el sector, así como proporcionar a la autoridad competente elementos para el control y vigilancia de quienes ofrecen este servicio.

En la iniciativa se destaca que el acelerado crecimiento de este tipo de empresas se ha propiciado por la percepción de mayor inseguridad en espacios públicos y el registro de actos criminales que afectan a la población, sobre todo, al sector comercial y productivo.

Subraya que la incidencia delictiva promedio en nuestro país es de 10 mil 480 delitos por cada 100 mil habitantes, según datos de la quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

Manifiesta que es notable la diferencia que se advierte tanto en la incidencia como en la prevalencia delictiva entre entidades, claro ejemplo es que la mayor tasa se presenta en el Distrito Federal, con 25 mil 700 delitos; seguido por el Estado de México, 15 mil delitos; en tercer lugar, Baja California, 13 mil 700; Tamaulipas, 13 mil 800; Nuevo León, 12 mil 500.

En la exposición de motivos, se reconoce que algunas empresas contribuyen a cubrir las crecientes necesidades de seguridad que demanda la población; no obstante, otras funcionan en la ilegalidad, ya que no cuentan con ningún permiso para prestar el servicio, lo que ocasiona más problemas que soluciones.

Abunda que la implementación de nuevas tecnologías en el mercado de los servicios de seguridad privada, como son sistemas de comunicación, monitoreo de movimientos por cámaras y censores, localizadores satelitales y equipos de intercepción de señales han provocado que el marco jurídico vigente resulte inaplicable.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Pública, busca que los prestadores de este servicio actúen sobre una base de principios establecidos, para el correcto funcionamiento de las empresas.

También pretende que la autoridad correspondiente tenga elementos necesarios para el control y vigilancia de las mismas. Con base en la ley se otorgarán las licencias y, en su caso, se emitirán las sanciones correspondientes para que las actividades de protección se proporcionen con eficiencia, integridad y dignidad.

Enfatiza la necesidad de que las empresas capaciten a su personal, con el propósito de los empleados tengan un perfil ético sólido.

Dicho requisito deberá ser indispensable para ingresar al servicio de seguridad privada, debido a que se tiene registrado que algunos robos y secuestros han sido realizados por los propios elementos de seguridad o son quienes proporcionan datos de los bienes custodiados o de las actividades cotidianas que realizan los usuarios.

La iniciativa también contempla crear un registro de control, inspección y vigilancia de las empresas que instalan y operan centrales de alarma y monitoreo, porque están relacionadas directa o indirectamente con aparatos, dispositivos y sistemas electrónicos para la protección de bienes muebles e inmuebles, a fin de evitar que incurran en delitos y cumplan con su labor de proporcionar seguridad.

Quienes realicen estas actividades deberán presentar semestralmente un registro de todos los equipos o sistemas que adquieran o comercialicen al Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

Se incluye en la propuesta que como requisito indispensable para que la secretaría otorgue la autorización, que el prestador de servicios presente una póliza de fianza para garantizar el pago de daños a terceros durante la prestación de los servicios que les sean contratados.

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