Se busca que los servidores públicos que mientan al comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión sean acreedores a sanciones administrativas y penales de cinco a diez años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

A través de una iniciativa, el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla propuso reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Código Penal Federal para establecer que los servidores públicos deberán proporcionar de manera oportuna y bajo protesta de decir verdad toda la información y los datos que les soliciten de manera verbal durante las comparecencias o mediante pregunta por escrito, en los términos y los tiempos que marca la normatividad vigente.

Refirió que con la modificación al formato del informe presidencial de entregarlo por escrito, también se reformó que se puede citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes "bajo protesta de decir verdad", cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Martínez Padilla subrayó que es necesario reformar los citados ordenamientos para que los mandatos constitucionales dejen de ser sólo buenas intenciones, sin ninguna posibilidad de hacer cumplir el ejercicio de transparencia y de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Legislativo.

Con lo anterior, agregó, permitirá un diálogo del Congreso de la Unión con el titular del Ejecutivo federal y establecerá la aplicación de un sistema de comparecencias de los miembros del gabinete, en el cual, aquel funcionario que mienta al Congreso será acreedor a sanciones administrativas y penales, lo que posibilita las condiciones reales para contar con un presidencialismo acotado.

El diputado añadió que las relaciones entre los Poderes de la Unión son un punto fundamental en una democracia, el sistema político mexicano debe sustentarse en procedimientos que permitan un adecuado balance en el ejercicio del poder, especialmente en el control de la gestión administrativa, puesto que no basta con las reformas constitucionales para producir los resultados esperados en cuanto a las comparecencias de los funcionarios públicos.

Señaló que con la propuesta se busca que en el artículo ocho de dicha Ley se constituya como obligación de los servidores públicos, proporcionar de manera oportuna, y bajo protesta de decir verdad, la información y los datos que se les soliciten.

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