La Tercera Comisión de la Permanente aprobó 25 dictámenes con puntos de acuerdo, por los que se realizan diversos exhortos, entre los que destaca el promovido por el diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva, para que el Ejecutivo federal amplíe el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses, posteriores a la baja del empleo, para las mujeres trabajadoras del régimen del Seguro Social.

El documento, que será sometido a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, solicita que se garantice, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ampliación de seis meses en la cobertura de los derechos de los trabajadores desempleados.

Establece que el lapso legal para conservar el derecho a guarderías después de causar baja en el empleo es de cuatro semanas, lo cual resulta insuficiente e injusto. En el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo no se consideró a las mujeres trabajadoras con hijos en sus guarderías, “lo cual es una omisión inaceptable”.

En otro de los dictámenes avalados se hace un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar e investigar los términos en que se realizó la entrega de la playa de Miramar, en Tampico, Tamaulipas, a la Sección uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y a informar de los resultados a esta soberanía.
El documento señala que las playas del país por ley son propiedad de la federación y, por tanto, deben ser públicas y no se pueden vender. Según lo que la Ley General de Bienes Nacionales establece en el artículo 7, son bienes de uso común las playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre.
Asimismo, se avaló dictamen al punto de acuerdo para pedir al Ejecutivo federal que instruya a los secretarios correspondientes para que cumplan de forma urgente lo previsto en la reforma energética sobre este rubro y se impulse la industria nacional de los fertilizantes.

Los campesinos del país enfrentan una grave problemática derivada de los altos costos de estos elementos, por lo que es necesario implementar las medidas necesarias para reactivar esta industria y reducir, con ello, su precio hasta un 40 por ciento, menciona el documento.

Enseguida se aprobó solicitar que los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, informen sobre los avances, cumplimiento y ejecución del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, y se pide al director de Banobras que informe sobre el monto y destino de los recursos ejercidos en los proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura.
La Comisión Dictaminadora consideró viable la propuesta, dado que en los momentos de crisis económica, las inversiones en infraestructura son fundamentales para fortalecer el mercado interno y el empleo.
Otra propuesta aprobada se refiere al dictamen por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Acuerdo Nacional en defensa de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, para que fije un precio único para todo 2009 y se le equipare el trato con el gas LP.
Este grupo de trabajo dijo que la Comisión Reguladora de Energía cuenta con facultades legales para establecer un precio fijo del gas natural durante el tiempo que la economía mexicana esté en crisis.
Se avaló solicitar al Ejecutivo Federal que, a través de los Secretarios de Economía, de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, se suspendan los operativos de decomiso de autos importados.
También, que en el marco del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos, se elimine el requisito de contar con un certificado de origen emitido por la empresa armadora del vehículo.
Otro de los puntos aprobados hace un exhorto al Banco de México para que, de manera urgente, emita disposiciones de carácter general que favorezcan la reducción del diferencial de las tasas de interés, e informe sobre las políticas y actividades realizadas por la institución para regularlas.
Asimismo, hace un llamado a las instituciones financieras para que se sensibilicen ante el entorno económico adverso y reduzcan las tasas de interés que cobran por los créditos a partir del reconocimiento del costo de los recursos que captan y la diferenciación del nivel de riesgo que los diversos clientes les representan.
El mismo punto exhorta al Ejecutivo federal para que estudie, implante y evalúe programas de educación encaminados a formar a los usuarios de los servicios financieros para que éstos tengan los elementos para comparar, analizar y decidir sobre las diversas pociones existentes en el mercado, con el objeto de que obtengan las mejores condiciones crediticias.
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