La Comisión Permanente exhortó al titular del Ejecutivo federal para que suspenda, o en su caso modifique, la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2008, a fin de eliminar el requisito de contar con un certificado de origen emitido por la compañía armadora del vehículo.
El acuerdo también tiene como objetivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reduzca en 50 por ciento la valuación que realiza sobre los diferentes vehículos, con lo que se apoya a los sectores que necesitan los automóviles para la realización de sus actividades.
La propuesta impulsada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, quien expresó en su momento, que resulta difícil, improbable e impráctico que un ciudadano mexicano que desee adquirir un automóvil fuera del país, pueda estar en posibilidades de requerir a una compañía extranjera la expedición de un documento que compruebe la procedencia del vehículo.
El diputado señaló que es necesario reconocer que la compra de vehículos en nuestro territorio resulta muchas veces más costosa que en otras partes del mundo y que con las condiciones económicas en que nos encontramos, marcadas por la disminución en el otorgamiento de créditos, es muy difícil adquirir un automóvil, por lo que se recurre a la importación de éstos desde Estados Unidos.
Asimismo, a propuesta de los senadores Raúl Mejía González y Fernando Castro Trenti, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales y municipales, para que, a través de los secretarios de Economía, de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, sean suspendidos los operativos de decomiso y/o detención de autos irregulares de procedencia extranjera.
“Esto es congruente con las medidas adoptadas y las acciones emprendidas en términos del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado por el Ejecutivo federal el pasado 7 de enero”, se menciona en el documento.
En las consideraciones del dictamen se menciona que en el TLCAN se establece un arancel preferencial a los vehículos usados que cuenten con un certificado de origen válido.
En tal virtud, La Tercera Comisión consideró conveniente continuar otorgando un esquema preferencial para la franja y región fronteriza norte del país, para los vehículos usados ligeros de cinco a nueve años de antigüedad, cuyo número de identificación vehicular corresponda a un vehículo fabricado o ensamblado en alguno de los países de la región TLCAN.
Lo anterior para que puedan ser importados definitivamente al territorio nacional con un arancel del 10 por ciento, sin que se requiera permiso previo de importación y sin presentar un certificado de origen.
Además, se pronunció por impedir la importación de vehículos usados que por sus características físicas o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación, así como cuando el vehículo haya sido reportado como robado.
Además, establecer la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
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