En la sesión de hoy, la Comisión Permanente exhortó a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro a girar instrucciones a las áreas administrativas y jurídicas que correspondan para que se evite el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional.
En el punto de acuerdo aprobado se pide que se inicien las averiguaciones previas en contra de quien o quienes cometan el delito que sanciona el Código Penal Federal y el nuevo Código Penal para el Distrito Federal por este motivo.
En el documento se sugiere que la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para evitar el robo de energía, blinden sus redes eléctricas con la instalación de cables trenzados y forrados con una malla plástica que con el calentamiento propio se endurece y evita que los cables puedan cortarse para la colocación de los diablitos.
También se señala que en 2008 Luz y Fuerza del Centro registró pérdidas de energía eléctrica de aproximadamente 12 mil millones de pesos, lo que a su vez representa 32 por ciento de la venta total. Las pérdidas consideran las "tomas" ilícitas de electricidad, lectura errónea de los medidores y alteración en la factura de los recibos.
Al respecto, indica, que autoridades de la Compañía exigieron la creación de una fiscalía especializada para sancionar el robo de energía eléctrica, dirigida y operada por la Procuraduría General de la República, la cual actuaría en función de las denuncias que presentara la paraestatal.
Actualmente, el robo de energía eléctrica no está tipificado como un delito que amerite la cárcel, sólo se sanciona como falta administrativa.
Comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quezada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, José Cibrián Tovar
En la sesión de hoy, la Comisión Permanente exhortó a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras, a que soliciten la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quezada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, José Cibrián Tovar, para que respondan a diversos cuestionamientos respecto del programa Pro-Árbol.
Además, se solicitó a la Secretaría de la Función Pública agilice las auditorías al Programa Nacional Forestal y remita un informe detallado respecto de sus resultados a las Cámaras de Diputados y de Senadores.
En las consideraciones se menciona que organizaciones ambientalistas han puesto en tela de juicio el manejo de los 2 mil 700 millones de pesos que el gobierno invirtió para este programa, mientras que asociaciones de silvicultores denunciaron ante la Cámara de Diputados favoritismo e irregularidades, por la falta de transparencia en la asignación de los recursos.
Pro-Árbol debe garantizar la eficacia, transparencia y equidad en la entrega y ejercicio de los recursos forestales, ya que los 45 conceptos de apoyo que abarca, están sujetos a reglas de operación.
Franquicia mercancía de pasajeros y el programa paisano comprendan el mismo periodo
También solicitó al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA), lleven a cabo las acciones coordinadas y tendientes a fin de que la Regla 2.7.2., relativa a la Franquicia Mercancía de Pasajeros y el programa Paisano comprendan el mismo periodo durante todo el año.
Atender a niños jornaleros de Nayarit
En otro asunto, se exhortó al Gobierno del estado de Nayarit a implantar las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos de las niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas en la entidad, en materia de salud, educación y alimentación, con especial atención en los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela, Tecuala y Santiago Ixcuintla.
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