Durante el segundo día del Foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, especialistas y académicos que participaron en la primera mesa coincidieron en que preservar el empleo, la planta productiva, así como implementar incentivos fiscales e impulsar programas educativos, científicos y tecnológicos ayudarán a que el país logre salir adelante.

En su oportunidad, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que para disminuir los efectos de la crisis es imprescindible que la actuación del Estado incluya a toda la población, a fin de que sea incorporada a los programas que mejoren su calidad de vida.

Afirmó que es necesario instrumentar programas de empleo emergente, para apoyar a quienes pierdan su trabajo o deban incorporarse al mercado laboral.

Además del rescate económico, continuó, el país requiere un rescate social que permita eliminar la desigualdad; “por ejemplo, alfabetizar a los casi seis millones de mexicanos que no saben leer ni escribir”.

Consideró inadmisible que después de cada crisis en el país se acentúe la desigualdad social y se debilite la participación de la ciudadanía; “en México la contingencia y la inmediatez con frecuencia se imponen sobre las grandes reformas de fondo”.

Dijo que según datos oficiales, el uno por ciento de los hogares mexicanos concentra el 9.2 por ciento del ingreso total nacional, en tanto que el uno por ciento de los hogares más pobres sólo obtiene el 0.07 por ciento de dicho ingreso, 30 veces menos.

Recalcó que “la nación experimenta una profunda y lacerante desigualdad, no se ejecutan las reformas y los programas sociales que ayuden a redistribuir la riqueza; de ahí la urgencia para que junto con acciones dirigidas a paliar los efectos de la crisis se impulsen políticas que ayuden a desarrollar una sociedad más incluyente”.

El rector de la UNAM enfatizó que se debe contar con una política pública que favorezca la generación de la riqueza y fortalezca el mercado interno.

Ratifica Consejo Coordinador Empresarial compromiso por sostener planta productiva

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, ratificó su compromiso por sostener en operación la planta productiva y hacer las inversiones necesarias para atender el mercado. Así como tomar medidas para evitar el deterioro en el poder adquisitivo, y mantener su plantilla de trabajadores.

Refirió que de los países que han adoptado medidas para atenuar el impacto de la crisis económica y financiera, “hasta ahora los estímulos contra ciclicos tomados en Estados Unidos representan el 5.4 del PIB, los instrumentados por Canadá el 2.1 por ciento, Alemania 2 por ciento y los de Brasil el 1.4. Mientras que en el caso de México las acciones anunciadas en el marco del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo representan un apoyo cercano al 0.5 por ciento del PIB incluyendo el congelamiento de los precios de la gasolina.

Precisó que sus propuestas en materia fiscal, son tomar medidas que respondan a la necesidad de promover la liquidez de las empresas y personas, estimular la inversión y de incentivar el consumo y generar mayores empleos.

Se propone, dijo, permitir pagos en parcialidades por adeudos fiscales, acelerar y facilitar las devoluciones de saldos a favor, en el caso del ISR, realizar pagos provisionales, ampliar la deducción de las inversiones en Impuestos Sobre la Renta, calcular el IETU en base al coeficiente del año anterior para evitar descapitalización, no limitar la deducción de inversiones e inventarios anteriores al primero de enero del 2008.

En material laboral y seguridad social comentó que es necesario concretar la reforma a la Ley Federal del Trabajo con objeto de flexibilizar las condiciones de contratación, aumentar la certidumbre jurídica en la relación laboral, actualizar el marco legal vigente y favorecer la creación de empleos y mejorar el código de procedimientos en esta materia de resolución de conflictos.

Aclaró que para incrementar la competitividad de la inversión, es indispensable garantizar que las empresas, incluidas las Pymes, tengan acceso competitivo a insumos como la energía eléctrica, diesel, gas natural, petroquímicos y otros combustibles.

“El Gobierno federal debe adecuar su sistema de compras a efecto de cumplir con el compromiso de destinar el 20 por ciento a las Pymes en el que estados y municipios deberán tomar medidas equiparables a nivel local”.

En el sector agropecuario, agregó, se recomienda impulsar un programa emergente integrado por instrumentos de política pública, cuya implementación no implique un incremento presupuestal, sino una redistribución, así como mantener un esquema de Procampo en los límites de la propiedad legal y definir el ingreso objetivo para granos.

En energía, en gas natural, suspender la operación de un nuevo régimen de ventas de primera mano de gas natural. Modificar temporalmente los contratos de Pemex a efecto de disminuir penalizaciones, ofrecer mayores rangos de tolerancia y otorgar plazos accesibles de pago a efecto de evitar el corte del suministro.

En materia de energía eléctrica se propone reajustar los aumentos excesivos de precios de energía ocasionados por el uso de escaladores inadecuados en las tarifas industriales, corregir los mecanismos de actualización por inflación, transparentar el precio del combustóleo y referenciarlo a un precio de la mezcla mexicana del petróleo.

Establecer condiciones para incorporar a los más de 12 millones de trabajadores informales a las instituciones sociales: Congreso del Trabajo

Por su parte, el presidente del Congreso del Trabajo, Enrique Aguilar Borrego, advirtió que en el contexto de la crisis económica no basta con crear solamente empleos, sino que éstos tienen que ir acompañados de la seguridad social.

En este sentido, dijo que se deberán establecer condiciones para incorporar a los más de 12 millones de trabajadores informales, fortalecer a las instituciones sociales que ha creado el país, como IMSS, el ISSSTE, el Fovissste, el Infonavit y el Seguro Popular, precisó.

Indicó que el libre mercado es una condición necesaria para el crecimiento económico, pero es insuficiente para cubrir sus propias anomalías, porque se requiere la acción preventiva y correctiva del Estado para encauzarlo y establecer un crecimiento ordenado y con justicia social.

Subrayó que se debe legislar para evitar la simulación laboral, “ya que malos patrones, con el único objeto de evitarse gastos en nómina, Seguro Social e Infonavit pervierten figuras como el outsourcing, para no otorgar prestaciones o negar las relaciones laborales”.

Aguilar Borrego manifestó la necesidad de establecer “límites que permitan distinguir hasta dónde llega el negocio y hasta dónde llega la usura y el abuso por parte de tiendas departamentales y entidades financieras” en el cobro de intereses.

“Dentro de un esquema de libre mercado, apoyamos los trabajos de esta soberanía para lograr que las tasas de interés sean más bajas y razonables y permitan proteger al salario”.

Aclaró que para proteger al salario se requiere que gobierno, legisladores, sindicatos, empleadores, campesinos, encontremos mecanismos para que los artículos de primera necesidad mantengan un precio al alcance de los trabajadores y “no dejar al mercado la regulación de los precios de la canasta básica alimenticia”.

Considerar la soberanía agroalimentaria y nutricional como un asunto de seguridad nacional: Conorp

En tanto, Max Correa, secretario general del Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), expresó que afirmar que la crisis económica internacional es la causa de los problemas del país es una verdad a medias porque México ya estaba en esa situación desde hace tiempo.

Agregó que la economía neoliberal impuesta hace 25 años es la causa principal del fracaso económico y social de nuestro país. “Es indispensable reconocer esta realidad y construir un nuevo pacto social entre los mexicanos. Tenemos la obligación de realizar acciones responsables, racionales y éticas”.

Dijo que “los mexicanos estamos pagando 100 mil millones de dólares del rescate bancario; el salario mínimo perdió el 75 por ciento de su poder adquisitivo, se condenó al campo y a campesinos a la sobrevivencia y empresas comerciales extranjeras controlan la mayor parte de las tiendas de autoservicio e importan bienes de todo el mundo sin control gubernamental”.

Todo ello es consecuencia de un modelo económico fallido. Este fracaso histórico no se corregirá por sí mismo y requiere la voluntad política de todos los sectores del país. “México no es un Estado fallido, es un Estado con un modelo económico fallido cooptado por intereses trasnacionales que la sociedad mexicana debe recuperar”.

Por eso, añadió, la primera decisión que se propone es modificar el modelo y los objetivos del desarrollo económico del país. Campesinos, productores del sector social y privado deben considerar la soberanía agroalimentaria y nutricional como un asunto de seguridad nacional.

Además es necesario establecer una reforma legal que restituya, reconozca y garantice el desarrollo de los ejidos y comunidades agrarias, su reconocimiento como unidades económicas y sociales que les permita plenamente el aprovechamiento, explotación, control y disfrute de sus recursos naturales.

Impulsar una ley de emergencia para el ejercicio presupuestal en tiempo de crisis: González Parás

El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, instó a establecer un régimen de excepción, a fin de valorar la posibilidad de impulsar una ley de emergencia para el ejercicio presupuestal en tiempo de crisis, “así se podrán aplicar los recursos sin demora”.

Refirió que se debe privilegiar el apoyo a proyectos ejecutivos que estén vinculados con la competitividad y la generación del empleo. Asimismo, apoyar la liquidez de las empresas, en los campos de energéticos, en las cuotas del Seguro Social y el Infonavit; además implementar mecanismos para procesar el IETU con modalidades particulares.

“Agilizar la devolución del IVA, cuando esté planteado, incorporar políticas anticíclicas, particularmente en los campos arancelarios; no son momentos de abrir la frontera sino de proteger la planta productiva”.

Ampliar, continuó, los programas de preservación del empleo, si se habían destinado 2 mil millones de pesos, se deberían destinar 2 mil millones más para que cuando menos en seis meses cubrir un escenario de alrededor de 250 mil desempleados.

Planteó la moderación de los precios de la gasolina, el diesel y extenderse los descuentos del gas LP al gas natural, sobre todo en el consumo doméstico.

Simplificar trámites para crear nuevas empresas y favorecer la producción y comercialización del campo, “ya que representa uno de los espacios sociales más vulnerables y debe de haber un compromiso efectivo”.

Fortalecer capacidad regulatoria del Estado y contribuir a crear mercados que promuevan la competencia.

En su participación Denise Dresser Guerra, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, señaló que el Gobierno no ha sido capaz de regular eficazmente la economía “y es eso, no la caída de la producción petrolera, lo que condena al país al subdesempeño crónico”.

Durante los trabajos del foro, indicó que es necesario tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a crear mercados que promuevan la competencia.

Es tarea del Gobierno, a través de una regulación adecuada, crear un entorno para que las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar, reducir precios y pasar esos beneficios a los consumidores, puntualizó.

Estableció que de este foro deben surgir medidas concretas para mirar más allá de la coyuntura, de lo contrario se revelará la incapacidad para encarar honestamente los problemas que la nación arrastra desde hace décadas y la propensión a proponer reformas aisladas, medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico y a instrumentar políticas públicas a pedacitos para llegar a acuerdos que sólo perpetúan la situación.

Finalmente, Rolando Cordera Campos, quien fungió como moderador abundó que desde las empresas, los sindicatos, las organizaciones campesinas, la academia y los tres niveles de gobierno deben mantenerse en contacto e intercambian perspectivas, con el propósito de implementar acciones políticas y económicas que protejan a los grupos más vulnerables.

“Si alguna lección podemos extraer del pasado es que frente a circunstancias como ésta o se actúa juntos, de común acuerdo, coordinados o no hay posibilidades de sortear amenazas como las que estamos viviendo”.

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