Durante la sesión de hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro se dio a conocer una iniciativa que expide la Ley General de Turismo, cuyo propósito es establecer las bases generales de coordinación entre Federación, estados y municipios en la actividad turística para hacer de México un país líder en esta materia.

El documento signado por integrantes de la Comisión de Turismo, que preside el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), busca la participación de los sectores social y privado, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad.

Se explica que en México la industria turística es la tercera fuente generadora de divisas; crea más de dos millones 233 mil empleos, los cuales son superiores a la media nacional en 30 por ciento y equivalen a la aportación del ocho por ciento del Producto Interno Bruto.

Busca garantizar que los instrumentos de planeación turística incluyan criterios ecológicos determinados por las leyes en la materia, así como preservar los elementos naturales, respetando la vocación natural del suelo y la capacidad de carga de los ecosistemas.

Entre otras cosas, plantea formular reglas y procedimientos para establecer, dentro de la planeación y programación de la actividad turística, el ordenamiento turístico del territorio nacional, así como promover y vigilar el desarrollo del turismo, propiciando el acceso de todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad.

Se turnó a la Comisión de Turismo, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ley de Importación de Vehículos Usados

Posteriormente, el diputado Horacio Garza Garza (PRI) presentó una iniciativa que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados, en la que se establecen los requisitos a que debe sujetarse la entrada al territorio nacional de estos autos.

Busca regular por ley, y no por decreto, la importación de vehículos usados, a efecto de dar certeza jurídica a quienes realicen esta actividad.

Propone que se permita importar vehículos usados mayores a diez años sin requerir certificado de origen; eliminar la necesidad de recurrir a los precios de referencia y que el importador declare el precio real de compra del vehículo o podrá perder su registro y ser sujeto a los procesos administrativos o judiciales que contempla la ley. Se remitió a la Comisión de Economía, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eliminar querella como requisito de procedibilidad

Se envió a la Comisión de Justicia una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de definir “medios digitales de video” y establecer que éstos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos (convertir el argumento contra quien lo hace) de falsedad.

El documento, firmado por diversos diputados, busca hacer más eficientes los sistemas y procedimientos con que cuenta el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa; garantizar la protección de los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia y asegurar que quienes cometan ilícitos serán castigados aun cuando, por temor o desconfianza, las víctimas no presenten la querella correspondiente.

Dota al Ministerio Público de un instrumento jurídico que le faculta a iniciar una averiguación previa y, como consecuencia, ejercitar acción penal contra quienes, aun cuando no exista querella en su contra, sea evidente que han incurrido en la comisión de un delito al haber sido videograbados o filmados en flagrancia.

“Ello sentará las bases de una nueva cultura jurídica, en la que se fortalezca procesalmente la figura de la denuncia anónima, sustentada en medios digitales de video, que muestren de manera indubitable la comisión de ilícitos”.

Protección integral a niñas, niños y adolescentes

Enseguida se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (PRI), que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reiterar la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia, a fin de garantizar y proteger la integridad física, emocional, psicológica y el desarrollo del niño, niña o adolescente.
Fondo de Contingencia Social

Posteriormente, se presentó una iniciativa del diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI) para modificar el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social y establecer la obligación del Ejecutivo federal para crear y administrar un Fondo de Contingencia Social para dar respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos.

Plantea que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinarían el monto y las reglas mínimas a que quedarán sujetas su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.

Lo anterior, a fin de contar con un mecanismo de respuesta rápida frente a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos y contribuir a que los programas federales de desarrollo social no se vean afectados y, por ende, la ayuda a los sectores populares no disminuya sino que, por el contrario, se incremente. Se envió a la Comisión de Desarrollo Social.

Ley Federal del Trabajo

Asimismo, se recibió del diputado Daniel Torres García (PRD) una iniciativa de reformas a los artículos 949 y 1005 BIS de la Ley Federal del Trabajo para proteger los bienes de los trabajadores, que pueden verse afectados por abogados que abusan de su confianza y les despojan de lo ganado en un juicio laboral.

Propone modificar el artículo 949 para establecer que el presidente de la junta correspondiente deberá cuidar que la venta de los bienes adjudicados a los trabajadores se haga sin lesión para ellos; además, plantea que será nulo de pleno derecho el poder para actos de dominio que se otorgue al apoderado del trabajador.

Por lo que hace al artículo 1005 BIS propone penas de diez a veinte años de prisión, de mil a diez mil días de multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a la persona que, actuando como apoderado de la parte trabajadora en un juicio laboral, tome posesión o se haga propietario de los bienes adjudicados a los trabajadores. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Delitos por correo

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI) envió una iniciativa de reformas al artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebre convenios de colaboración con la de Seguridad Pública, a fin de prevenir el envío o transporte de materiales tóxicos o peligrosos en la correspondencia.

En el documento indica que en los últimos años ha habido una creciente posibilidad de atentar contra la seguridad de las personas a través de los servicios postales, pues por esta vía es posible transportar precursores químicos, drogas y otras sustancias tóxicas que, manipuladas de forma inadecuada, pueden constituir daños reales a la población. Se remitió a la Comisión de Comunicaciones.

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa

A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (PRD) para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a fin de facultarlo para conocer las resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación para determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales; las que impongan indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a los servidores públicos afectados adscritos a las entidades fiscalizadas y a los particulares, personas físicas o morales.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 11:00 horas.

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