La Cámara de Diputados aprobó la constitución de una Comisión Especial para vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) precisa que su objetivo será fomentar entre la sociedad y las instituciones públicas la cultura de la denuncia y prevención de delitos electorales.

La Comisión Especial está integrada por doce diputados; la preside Antonio Soto Sánchez (PRD) y, como secretarios, los legisladores Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) y José Ascención Orihuela Bárcenas (PRI).

También por Lariza Montiel Luis y Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo, del PAN; Mónica Fernández Balboa (PRD); Antonio de Jesús Díaz Athié (PRI); José Francisco Melo Velázquez (Convergencia); Francisco Elizondo Garrido (PVEM); Jaime Cervantes Rivera (PT); Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza) y Armando García Méndez (Alternativa).

Tendrá vigencia hasta el 31 de julio, fecha en la que presentará un informe final sobre los resultados de su gestión a la Comisión Permanente, por conducto de la Jucopo.

Se deberá vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, no usen recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos para apoyar a algún candidato o partido político, así como actos o eventos de índole proselitista.

Sus facultades serán informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación masiva y demás órganos pertinentes, sobre la existencia, el objetivo y los alcances de esta comisión: disponer de los medios para recibir, analizar y, en su caso, canalizar las denuncias ciudadanas respecto al uso indebido de los recursos públicos en el proceso electoral federal.

Realizar visitas a cualquier entidad federativa y municipio en los cuales, de acuerdo con la información recibida y analizada acerca de la comisión de un delito, se presuma infracción o desvío de recursos en materia electoral, dando prioridad a las cabeceras distritales, según la división realizada por el Instituto Federal Electoral.

El órgano podrá solicitar la información que considere pertinente a los servidores públicos, a los partidos políticos y a cualquier otro sujeto o ente de derecho público o privado cuyas actividades o información sean de utilidad para corroborar la legitimidad, equidad y legalidad del proceso electoral federal, así como para ayudar en la vigilancia del empleo de los recursos públicos en el proceso electoral.

También, trabajar en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fin de realizar reuniones y visitas, así como canalizar a dicha fiscalía las denuncias ciudadanas que se reciban relacionadas con el probable uso indebido de recursos públicos en el proceso electoral federal.

Denunciar, cuando haya flagrancia o pruebas fehacientes de un hecho, a los servidores públicos que incurran en uso indebido de recursos, bienes muebles o inmuebles, materiales, personales o documentación que haya propiciado una práctica electoral desleal o no equitativa, así como a los servidores públicos que, en uso de su encargo, destinen apoyos, recursos o materiales provenientes de programas de desarrollo social para beneficiar a un partido o candidato.

Se precisa que la Comisión Especial deberá aprobar un plan de trabajo que garantice el cumplimiento de su objeto en un plazo no mayor de 10 días naturales, a partir de su instalación, por lo que tendrá los recursos necesarios para el desarrollo de sus trabajos.

Destaca que este órgano deberá, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes, informar a la Jucopo sobre algún asunto relevante que requiera ser atendido de manera extraordinaria.

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