Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro precisan que el 52 por ciento de las cuentas registradas están inactivas, es decir, que no han recibido aportaciones el último año y el 27 por ciento no han tenido ingresos en los últimos 5 años.

Añade que la cifra más reciente indica que existen 13.9 millones de cuentas inactivas de personas entre 17 y 65 años con un saldo total cercano a los 124 mil millones de pesos (alrededor de 1 por ciento del Producto Interno Bruto).

Por lo que el diputado Horacio Garza Garza (PRI) propuso reformas al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, con el propósito de que los trabajadores que no estén sujetos a una relación laboral pueda solicitar hacer retiros a sus cuentas de ahorro individuales, siempre y cuando acrediten no haberlos efectuado durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada.

La iniciativa enviada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, plantea también que los trabajadores puedan hacer retiros extraordinarios sin cumplir con el requisito de no haber efectuado retiros en los últimos cinco años inmediatos, cuando sus cuentas sean clasificadas como inactivas de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Se establecen límites máximos para que el trabajador pueda retirar respecto a los años que lleva sin cotizar: 20 por ciento del saldo de su subcuenta de retiro, cesantía en vejez avanzada y vejez el primer año; 30 por ciento el segundo; 40 por ciento el tercero; 50 por ciento el cuarto y 60 por ciento el quinto.

Estos saldos, precisa, son acumulados por lo que si retiran el equivalente al 20 por ciento el primer año, sólo podrían retirar el restante 10 por ciento el segundo y así sucesivamente.

Adquisición de medicamentos en el IMSS

A la Comisión de Seguridad Social se mandó una iniciativa del grupo parlamentario del PVEM, que modifica la Ley del Seguro Social, para establecer un esquema que permita a los derechohabientes del IMSS tener con oportunidad y eficiencia los medicamentos y otros servicios médicos que sean prescritos y autorizados por el instituto a través de convenios que al efecto se celebren.

Lo anterior, con la finalidad de tener un mecanismo de remuneración que subsanen los gastos generados por la adquisición de medicamentos y servicios en otros establecimientos sin que el derechohabiente desembolse recursos. Ello, a través de la coordinación entre hospitales públicos y privados, que actualmente está previsto de manera muy general en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE.

Se precisa que la gravedad del problema de desabasto radica en que normalmente no se trata de cualquier medicamento, sino que usualmente escasean las medicinas especiales para atender padecimientos como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades psiquiátricas, VIH/sida, entre otras.

Impuesto a los Depósitos en Efectivo

Para que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo sea acreditable o compensable contra cualquier contribución federal, los diputados del PRI, Horacio Garza Garza y Miguel Ángel González Salum, plantearon reformas a los artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Se indica que primero contra el ISR, después contra el ISR retenido a terceros, posteriormente contra el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, de persistir un saldo a favor, contra cualquier otra contribución federal, y que dicho acreditamiento o compensación aplicaría también en los pagos provisionales y para los contribuyentes que consoliden el ISR.

La propuesta canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público busca eliminar la disposición de que la devolución debe ser dictaminada por contador público certificado y establece en un transitorio el plazo de un mes para que el SAT simplifique los requisitos y procedimientos para la devolución del IDE.

Servicios de salud del ISSSTE

Diputados del PVEM, propusieron modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el fin de fortalecer la capacidad interna del instituto, en materia de atención médica y entrega de medicamentos, así como crear mecanismos de solución inmediata para los derechohabientes que no ha recibido estos servicios en un tiempo razonable.

El documento canalizado a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social detalla que al hacer uso del seguro de salud, el derechohabiente deberá recibir las prestaciones farmacéuticas que requiera en un plazo máximo de 10 días hábiles, posteriores a la prescripción, y que en caso de expiración del plazo, el instituto deberá autorizar al día hábil siguiente, para que el derechohabiente reciba gratuitamente los medicamentos en otro organismo público o particular que tenga convenio de prestación de servicios farmacéuticos.

Mientras deberá recibir las prestaciones de servicios médicos que requiera en un plazo máximo de 30 días hábiles, posteriores a la prescripción, y que en caso de expiración del plazo, el instituto deberá autorizar al día hábil siguiente, que el derechohabiente reciba gratuitamente los servicios médicos en otro organismo público o particular que tenga convenio de prestación de servicios médicos, con el instituto, de conformidad con el artículo 31 de la presente ley.

Añade que el instituto deberá difundir anualmente en el Diario Oficial de la Federación el listado de los organismos públicos y privados con los cuales se han formalizado los convenios de prestación de servicios médicos, farmacéuticos o ambos que permitan el otorgamiento de estos servicios.

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Con modificaciones a los artículos 1, 8 y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los diputados del PRI, Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García proponen dejar la tasa del IETU a un solo nivel definitivo de 12.0 por ciento.

El documento canalizado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público prevé incentivar la economía nacional para atemperar los efectos sociales en materia de empleo generados por la crisis económica mundial, y promocionar más bienes y servicios hechos en México y, con ello, crear empleos, a través de reforzar la capacidad competitiva de las empresas nacionales.

Bono educativo para computación e ingles

Para establecer un bono educativo que promueva el desempeño de las capacidades de los alumnos en computación y en el conocimiento de una lengua extranjera, diputados del PVEM propusieron reformas a la Ley General de Educación.

El documento canalizado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos busca recuperar la confianza en la calidad educativa; asegurar el financiamiento indispensable para que los infantes tengan nociones de cómputo e inglés; erradicar los privilegios circunstanciales que sufren los estudiantes que no cuentan con recursos para tener una computadora o aprender un idioma, y garantizar condiciones de equidad, igualdad, respeto y tolerancia en todas las escuelas.

Se propone que los recursos para financiarlo se asignen de forma programada, y que será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el que dictamine la calidad educativa por municipio en las materias de la presente iniciativa de decreto y en consecuencia las prioridades del programa.
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