La legislación actual carece de normas que regulen, supervisen y, en su caso, sancionen a las guarderías y estancias infantiles privadas que no cumplan con los requerimientos básicos de cuidado para los menores; además, sólo algunas de ellas se encuentran registradas como giros mercantiles.
Por tal motivo, las diputadas Alliet Bautista Bravo y Sonia Ibarra Franquez, ambas del PRD, impulsarán reformas a los artículos 3, 65, 168, 198 y 425 de la Ley General de Salud, a fin de clausurar temporal o definitivamente las estancias infantiles privadas cuando se reporten actos de maltrato, abandono o negligencia en el cuidado y/o atención de los menores.
En el documento se destaca que la mayoría de las guarderías privadas no cuentan con la infraestructura y el mobiliario adecuado para asegurar el bienestar de los niños; aunado a eso, generalmente sus empleados son insuficientes y no están capacitados para brindar la seguridad y cuidado que requieren los infantes.
Además, en estos centros no se brindan los primeros auxilios apropiados en caso de accidentes, ocasionando frecuentemente lesiones o enfermedades; existen registros de situaciones en que se produce el deceso del menor por omisión y descuido.
En su exposición, las legisladoras argumentan que a pesar de que en el 2008 el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, implementó un programa de ocho mil guarderías y estancias infantiles en todo el país, que atendieron a 200 mil menores de entre 1 y 5 años con 11 meses, todavía millones de infantes no tienen acceso a este servicio.
Añaden que de los 10.5 millones de menores de 5 años, seis millones no están protegidos por la seguridad social estatal; por tal motivo, su posibilidad de incorporarse a una estancia infantil o guardería pública mientras sus madres trabajan es nula, por lo que es necesario diversificar los modelos de atención infantil, aumentando su disponibilidad y calidad.
Refieren que el 35.6 por ciento de la población económicamente activa se compone de mujeres, la mayoría de entre 25 y 39 años, quienes laboran principalmente en el sector de servicios y comercio.
De los 25 millones de hogares contabilizados en el último censo poblacional, se registró que tres millones 757 mil son encabezados por una mujer; muchas de ellas se desempeñan en el mercado informal, sin contar con prestaciones o seguridad social.
Agregan que al carecer de un lugar idóneo para la estancia de sus hijos mientras laboran, muchas de ellas se ven obligadas a recurrir a los servicios que ofrecen guarderías privadas, siendo que, según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2004, 112 mil 319 menores de 6 años son cuidados en estancias de esa índole.
Ante esa situación, señalan, es urgente reformar la ley, a fin de que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyen y fomenten los programas de desarrollo y protección a la salud física, mental y social de los menores que se encuentren inscritos en dichas guarderías.
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