Al instalarse la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009, se acordó una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez González, para el martes 3 de marzo.

El presidente de la Comisión Especial, diputado Antonio Soto Sánchez (PRD), dijo que es importante establecer la reunión, toda vez que la Fepade debe conocer las facultades y objetivos del órgano legislativo.

Dado que uno de sus objetivos es fomentar la cultura de la denuncia y prevención de delitos electorales, pidió a los integrantes de la Comisión no solicitar o encubrir a ningún funcionario, aunque fuera del mismo partido político cuando esté involucrado en algún desvío de recursos a favor de un candidato o partido.

“Si hay algún gobernador de mi partido o alguna autoridad municipal que esté involucrada en desviar recursos para hacer ganar a un candidato, yo lo voy a denunciar, pero también no me gustaría que se protejan en caso de algún ilícito, es necesario que se hagan las cosas bien”, enfatizó.

Mencionó que durante las campañas electorales, los integrantes de la Comisión tendrán limitaciones, puesto que no se puede vigilar el buen uso de los recursos cuando se anda apoyando a los candidatos o se es uno.

Soto Sánchez puntualizó que será necesario establecer una reunión con los dirigentes de los partidos políticos, para darles a conocer el fin, límites y alcances del órgano encargado de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009.

La secretaria de la Comisión, diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) señaló que uno de los propósitos es vigilar los montos y fuentes de financiamiento de las campañas, para cerciorarse que el financiamiento público prevalezca sobre el privado, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Aunque no se mencione expresamente dentro del Cofipe, especialmente vigilaremos que el dinero del narcotráfico y la delincuencia organizada no se emplee para financiar las actividades electorales de algún partido o candidato”, abundó.

Estaremos, dijo, pendientes de los recursos que entrega el Gobierno federal y del uso que éste les da en los comicios, pero también vigilaremos los recursos y programas que ejercen los gobiernos estatales y municipales, pues al ámbito local se le destina una tercera parte del presupuesto y es ahí donde no se respetan las reglas de operación de los programas de apoyo y asistencia social federales.

Alcaraz Hernández propuso reuniones con funcionarios del IFE, de los órganos electorales estatales, con los de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, así como con los dirigentes de los partidos políticos. “Dichas reuniones tendrían como objetivo informar a estas entidades e instituciones sobre la constitución de la Comisión, el papel y objetivos para empezar a trabajar de manera coordinada”.

Resaltó la importancia de que la Cámara de Diputados firme un convenio con la Procuraduría General de República, a través de la Fepade, en materia de fomento a la participación ciudadana por la difusión y capacitación en materia de prevención de delitos electorales.

José Ascención Orihuela Bárcenas (PRI), secretario de la Comisión, se pronunció por incluir entre los objetivos de este órgano legislativo darle seguimiento a los subejercicios del gasto público. “Tenemos alguna información en donde las ineficacias de algunos gobiernos han establecido un subejercicio amplio en diferentes programas”.

En ese sentido, dijo, habría que ver también el impacto que tienen los subejercicios del gasto público en la sociedad y en materia electoral.

La diputada Mónica Fernández Balboa (PRD) propuso trabajar en coordinación con el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales de las entidades, a fin de realizar reuniones de trabajo para verificar que los recursos públicos sean ejercidos con objetividad, legalidad, certeza y legitimidad.

De Convergencia, José Francisco Melo Velázquez hizo votos para que el trabajo de la Comisión coadyuve a la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, sobre todo en momentos en que están resintiendo en su economía el efecto de la crisis.

Las dificultades económicas y las necesidades de los ciudadanos, dijo, los están haciendo más vulnerables a que el poder del dinero, de las prebendas y sobre todo el acondicionamiento de acceso a los programas sociales desvirtúen el poder de su voto, “por ello procuraremos que la Comisión Especial se empeñe por vigilar a las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Por el partido Social Demócrata, el diputado Armando García Méndez señaló que ante la época de crisis, la vigilancia es la mejor forma que se tiene de rendir cuentas a la sociedad. “Siempre nos hemos pronunciado por la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas”.

La Comisión Especial tendrá vigencia hasta el 31 de julio, fecha en la que presentará un informe final sobre los resultados de su gestión.

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