• Analizan diputados y especialistas dos iniciativas de ley en este ámbito

Conciliar la protección de datos personales con las medidas para combatir el crimen organizado, permitir a los titulares el control de su información personal sin restringir la actividad comercial, así como establecer un órgano garante de este derecho, son algunos de los retos legislativos que tienen que ser abordados.

Así lo expresaron los diputados Adolfo Mota Hernández (PRI) y Gustavo Parra Noriega (PAN) en el foro Avances y retos en la legislación en materia de protección de datos personales, organizado por la Comisión de Gobernación.

El diputado Diódoro Carrasco Altamirano, presidente de la Comisión, informó que el objetivo es encontrar, conjuntamente con especialistas y académicos, justos medios que faciliten la elaboración de los dictámenes en la materia.

Parra Noriega dijo que el respeto a la dignidad constituye la base fundamental de la protección de datos personales y que al Estado mexicano le corresponde ser el garante de la privacidad.

Señaló que es indispensable conciliar esta protección con las necesidades en materia de seguridad pública, así como garantizar que las medidas contra el crimen organizado sean respetuosas de los derechos fundamentales.

“Me preocupa el registro nacional de números celulares; puede haber algunos riesgos en materia de protección de datos personales porque las obligaciones de quien vende las fichas y el teléfono no son claras”, asentó.

Agregó que otro de los retos es prevenir actos discriminatorios generados por la creación de perfiles personales definidos y que la legislación promueva un adecuado nivel de protección que permita el intercambio comercial.

En tanto, el diputado Adolfo Mota Hernández subrayó que la protección de los datos personales debe ser una ventaja competitiva y no una barrera más para el comercio.

Se pronunció porque la autoridad garante de este derecho no sea una estructura burocrática “que pese a la administración pública” y que permita asegurar los derechos de los particulares, así como considerar las necesidades de la industria y comercio.

“Debemos evitar incrementar el gasto público creando un ente especializado dependiente de una secretaría, que podría ser la de Economía”, especificó.

En cuanto a la protección de datos personales por parte de los particulares, consideró que sólo se deben regular las conductas de los responsables en su recolección y tratamiento, a fin de permitir a los titulares el control de los mismos sin establecer restricciones innecesarias a la actividad comercial.

Para ello se tienen que definir mecanismos específicos para elegir si comparten sus datos; con esto se garantiza “la autodeterminación informativa de los individuos. La prioridad es la libertad de controlar la forma en que otros utilicen la información personal, sin dejar a un lado el desarrollo socioeconómico del país”, resaltó.

Asimismo, destacó que es necesario reconocer la existencia de distintos niveles de sensibilidad de la información y capacidad de protección; “está claro que no todos los responsables tienen las mismas capacidades o necesidades de protección”.

En su intervención, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, pidió a diputados que este organismo sea la autoridad garante del derecho a la protección de datos personales en posesión de particulares, lo que minimizaría costos burocráticos al evitar la creación de nuevas instancias gubernamentales.

Señaló: “seremos respetuosos de la decisión del Congreso, pues el IFAI es un órgano de Estado, proveedor de soluciones, no de problemas; no venimos a la pesca de atribuciones, de presupuestos, ni de burocracia; venimos a contribuir a un debate complejo y relevante para el país”, puntualizó.

La ley debe dotar a la nueva autoridad a emitir regulación, detectar conductas irregulares, realizar investigaciones y, eventualmente, imponer sanciones.

“Una buena ley no debe detener el comercio; el intercambio de información para identificar mercados potenciales es una variante central que debemos atajar con cuidado. Una buena ley de protección de datos debe potenciar el crecimiento económico, no inhibirlo.

“Además de ofrecer certeza de que la utilización de los datos se ajustan a fines conocidos por el ciudadano”, añadió.

Se pronunció porque en el nuevo ordenamiento se distinga con precisión y cuidado cuándo ha de exigirse el consentimiento tácito y cuándo el expreso, “un balance armónico entre estos dos consentimientos es fundamental”.

Lorenza Martínez Trigueros, Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, coincidió en que se pueden aprovechar las instituciones que se tienen para no crear otro instituto que genere costos burocrático.

Planteó la urgencia de un marco jurídico que exija responsabilidad a las empresas respecto al uso que le dan a la información y establezca sanciones o penalidades proporcionales a su potencial económico.

Sin embargo, advirtió que imponer cargas excesivas podría poner en riesgo la viabilidad económica de las empresas.

Proteger la información genera oportunidades de inversión, “una regulación adecuada incrementará el atractivo en nuestro país en actividades relacionadas con investigación y desarrollo”, aseveró.

Precisó que el desarrollo tecnológico de las últimas décadas permite procesar y transferir grandes volúmenes de información de datos, cuya adecuada explotación genera crecimiento, pero también riesgos cuando se le da mal uso, al robar o vender una base de datos para utilizarla con fines diferentes a los que se otorgó.

De ahí que se debe legislar para proteger los datos personales, en especial los relacionados con salud, creencias religiosas, preferencias sexuales, entre otros que pudieran considerarse sensibles. “Nos preocupa porque todos podemos ser afectados por este aspecto”, advirtió la funcionaria.

Isabel Davara, especialista en protección de datos personales, refirió “quien diga que una ley de protección de datos va a parar el comercio es mentira, al contrario lo va a fomentar, pero hay que hacerla bien, porque si no, no va a servir de nada”.

En tanto, José Luis Piñar Mañas, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, refirió que en esta nueva ley se debe tomar en cuenta la transparencia, seguridad nacional, libertad de expresión y el mercado.

Durante el foro, legisladores, especialistas y académicos, analizaron la iniciativa para expedir la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, presentada por el diputado Gustavo Parra Noriega (PAN) y la iniciativa elaborada por el diputado Adolfo Mota Hernández (PRI), para crear la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
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