No obstante que en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la fecha en 25 estados del país esta normatividad no ha tenido ningún impacto; por el contrario, se ha incrementado la violencia.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), de cada 100 mujeres mayores de 15 años que tienen o tuvieron una relación de pareja, 37.5 por ciento han padecido violencia emocional; 23.4, violencia económica; 19.2, violencia física y nueve por ciento, violencia sexual.

Así lo afirma el diputado Humberto Dávila Esquivel (NA) en una iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia, que reforma los artículos 323 Ter, 444, 444 Bis, 503 y 504 del Código Civil Federal, a fin de homologar la definición sobre violencia familiar.

Esto debido a que en la actualidad no se consideran todas las tipologías y los ámbitos en que se ejerce, por lo que aborda esta problemática de manera limitada.

En el documento se destaca que en algunos estados ni siquiera existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia intrafamiliar; mientras que en otros no se cuenta con un reglamento que permita su aplicación. En tales circunstancias, sin la homologación de las leyes, cada entidad tendrá valores distintos respecto de lo que entienden por derechos de las mujeres.

Señala que el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer manifiesta que no hay armonización de la legislación nacional y estatal con los contenidos de los mandatos internacionales, ni explicación alguna del Instituto Nacional de las Mujeres.

Advierte que en nuestro país existe un clima de discriminación, inseguridad y violencia para este sector, debido a que no hay programas de apoyo para este grupo; además de la escasez de datos y de leyes sobre la trata de personas.

Refiere que la información sobre explotación, prostitución y pornografía infantil es insuficiente; asimismo es alarmante la tasa de mortalidad materna, en particular entre indígenas, la salud sexual y reproductiva y en relación con ésta, el tema del acceso al aborto seguro y a la prevención del embarazo adolescente, ya que no hay mecanismos de coordinación entre federación, estados y municipios.

Las reformas buscan establecer que la patria potestad podrá perderse por resolución judicial, por motivo de violencia familiar; además ésta será limitada cuando el que la ejerza incurra en conductas violentas.

También determinará que no podrán ser tutores quienes hayan sido condenados por violencia familiar y perderán la tutela quienes incurran en conductas de este tipo.

Las normas legales tendrán lineamientos claros para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

-- ooOoo --