Explica el subsecretario Carlos Rico a Diputados cómo se aplica primer tramo del Plan Mérida

• Alertó a legisladores sobre posibles reducciones en posteriores entregas.

En reunión de trabajo con el subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Rico Ferrat, diputados del PAN, PRI, PRD y Convergencia cuestionaron al funcionario sobre la situación que guarda el Plan Mérida, las medidas contempladas por autoridades de Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas y sobre la participación de la DEA en nuestro país.

Los diputados Juan Francisco Rivera Bedolla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Edmundo Ramírez y José Murat Casab, del PRI, cuestionaron al subsecretario de Relaciones Exteriores sobre el tráfico de armas.

Carlos Rico Ferrat destacó que a pesar de que se han aprobado operativos en ambos lados de la frontera, el tráfico de armas sigue siendo un problema. Más aún, dijo, cuando funcionarios federales y estatales de ese país están vinculados con grupos del crimen organizado de México y permiten el tráfico de armas.

Abundó que un grupo de 53 legisladores de Estados Unidos enviaron recientemente una carta al Presidente Barak Obama para solicitarle la prohibición de la venta de armas de asalto en los expendios de todo ese país.

“Lo que plantean esos legisladores es que se reactive una iniciativa encaminada a detener la venta indiscriminada de armas de asalto”.

Por su parte, el diputado Cuauhtémoc Sandoval (PRD) afirmó que la lucha contra el crimen organizado ha fracasado al igual que como sucedió en Colombia, por lo que pidió al funcionario que el Ejecutivo reconozca el hecho y diseñe una nueva estrategia.

Más adelante, el subsecretario confirmó que el Congreso estadounidense hará una nueva reducción de los recursos para dicho plan, dada la situación económica derivada de la crisis financiera y sólo se aplicarían 300 millones de dólares para el presente año.

“El dato real es que en este momento, lo que ha aprobado la Cámara de Representantes es muy inferior a lo que planteamos bilateralmente con el Ejecutivo de Estados Unidos y en las próximas semanas vamos a estar muy atentos para ver qué decide el Senado. Los quiero alertar, es muy importante lo que viene en los días siguientes y podría darse una nueva reducción”, resaltó.

Añadió que pese a la preocupación de México por combatir al narcotráfico y al crimen organizado, además de ser un asunto que afecta la seguridad de las dos naciones, la discusión en el Senado de aquel país se centra en otras cuestiones como salud, seguridad social y presupuesto.

“No es precisamente sobre el Plan Mérida. Es sobre cualquier otra cosa, menos ese tema”.

Explicó que la primera fase del Plan Mérida ya se ha puesto en marcha a través de los recursos provenientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, por 197 millones de dólares.

Estos han comenzado a ejercerse con la asistencia y capacitación al personal que ya comenzó a aplicarse.

Además, añadió, se han cubierto los requerimientos para que el Departamento de Defensa norteamericano haga llegar los apoyos a las fuerzas armadas de México y que consiste en aeronaves y equipos sofisticados de detección, entre otros.

Carlos Rico recordó que hay tres fuentes de financiamiento para el primer tramo del Plan Mérida, el primero y el más importante, tiene que ver con el presupuesto del Departamento de Estado, que se conoce como fondo INCLE (197 millones de dólares) y que se canaliza a través de agencias civiles, no llega ningún dinero a México, llegan los equipos y los programas de entrenamiento acordados.

El segundo, a través de la Secretaría de la Defensa,y son fondos FMF, que se refiere a financiamiento militar al exterior, y en el que está todo lo que tiene que ver con el apoyo a las fuerzas armadas como son aeronaves, radares, detectores y otros.

El último, abundó, es la que se canaliza a través de una agencia civil del Departamento de Estado, pero que tiene una gran autonomía en el manejo de sus presupuestos y que es la Oficina de la AID; estos fondos son conocidos como ESF (fondo de estabilización económica).

Sobre este último, dijo, hay aún reticencias para que sean liberados los recursos, pues México ha insistido en que es totalmente inaceptable que se maneje de forma unilateral. “Lo que proponemos es que exista un mecanismo que permita que en cada emisión de fondos de AID haya una representación mexicana, tanto en la definición como en la instrumentación del programa”.

El funcionario señaló que el Plan Mérida contempla 37 programas específicos de cooperación y para cada uno de ellos se ha establecido un grupo binacional de seguimiento. Por ello, propuso la creación de una oficina binacional en la que se integre personal de ambos países para coordinar y dar seguimiento al Plan Mérida.

Ante el cuestionamiento de los legisladores, el subsecretario de Relaciones Exteriores refirió que la Iniciativa Mérida es apenas un proyecto que contempla tres años de vigencia y que el establecimiento de una oficina en nuestro país representa varios problemas legales, ya que no tiene un estatuto como organismo internacional.

“La única manera para poderlo hacer es que sea el gobierno mexicano el titular de ese espacio e invitar a Estados Unidos a estar presente, pero únicamente para el Plan Mérida a fin de bilateralizarlo lo más posible”.

Concluyó que es falso que en nuestro país operen más de 200 agentes de la DEA. Señaló que el gobierno mexicano sólo ha autorizado la participación de 62 integrantes de ese organismo antidrogas.
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