• Magistrados se reúnen con la Comisión de Puntos Constitucionales

La dispersión de normas ambientales y la carencia de mecanismos procesales adecuados provocan que la resolución de conflictos en esta materia sea contradictoria, y que su definición tarde de siete a ocho años, por lo que se requiere delimitar a las instancias que intervienen en estos procesos y unificar criterios jurídicos para la solución de querellas.

Actualmente la aplicación de dichas normas descansa en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en algunas procuradurías locales; sin embargo, “estas instancias únicamente recogen la posibilidad de elaborar una demanda, pero no establecen procedimientos certeros para concluir los asuntos adecuadamente”.

Así lo afirmaron el magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Neofito López Ramos y Rafael Coello Cetina, secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En una reunión de trabajo con la Comisión de Puntos Constitucionales que analiza una iniciativa para la creación de la jurisdicción ambiental en el Estado Mexicano, Rafael Coello señaló que “tenemos múltiples jurisdicciones, con reglas de naturaleza diferente en materia civil, contenciosa administrativa y de amparo para resolver un mismo problema en la materia”.

Explicó que cuando se han ocasionado daños ambientales se puede acudir a un juicio civil ordinario para demandar a particulares, a la jurisdicción contenciosa administrativa contra actos de autoridad que afectan el ambiente o a demandarlas ante los juzgados de distrito en materia de amparo.

“Esto provoca una grave carencia de uniformidad en los criterios y contradicción en las resoluciones porque se pueden utilizar los tres instrumentos jurídicos para un asunto particular; para resolver un conflicto en la materia pueden pasar de siete a ocho años”.

La iniciativa promovida por la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD) reforma los artículos 73 y 99 de la Constitución, a fin de establecer mecanismos procesales que permitan plantear las controversias de medio ambiente y ecología ante un tribunal debidamente establecido.

Propone dos órganos: El Tribunal Nacional Ambiental del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Ambiental de cada entidad de la República, adscrito cada uno al Tribunal Superior de Justicia de su entidad federativa.

De esta manera se plantea una jurisdicción ambiental que sustituiría a los tradicionales juicios contenciosos administrativos y de amparo promovidos contra actos de las autoridades ambientales que afecten a los particulares y que realicen alguna conducta que no se apegue al marco jurídico aplicable a la materia.

Los juicios en materia ambiental y ecológica tendrían que extraerse necesariamente de la esfera de los tribunales contencioso administrativo y de la jurisdicción de amparo y quedarían bajo el conocimiento de los jueces ambientales.

En este sentido, Neofito López Ramos enfatizó que cuando se trata de tutelar el derecho al ambiente no hay un cauce especial para hacerlo.

Explicó que en cada materia en que se ubique a la persona, en tanto afecte su patrimonio, va a encontrar una ley sustantiva y un litigio procesal específico, pero en materia ambiental “lo que encontramos es una gran dispersión de normas que atañen a recursos naturales o desarrollo urbano sin un camino procesal bien definido”.

“Tenemos que confiar en la participación ciudadana y entregarles un instrumento que realmente les sirva para la protección del ambiente, ¿cuántos se atreverían iniciar un juicio ordinario civil federal de reparación del daño en la materia? Démosle a la población un procedimiento ambiental idóneo”.

Aseveró que el artículo 180 de la Ley General de Equilibrio Ecológico ya regula la posibilidad de que cualquier miembro de la comunidad pueda interponer recursos de revisión para obtener la revocación de licencias, autorizaciones o permisos de particulares pero no se ejercen eficientemente.

En este escenario, el diputado José Luis Espinosa Piña (PAN) se pronunció por analizar todo el derecho ambiental mexicano porque la materia tiene que ver con temas diversos que se entrecruzan: seguridad nacional, desarrollo, salud, presupuesto.

Se pronunció por establecer un marco jurídico nacional que no provoque contradicción en lo fallos ni confundir competencias y concurrencias entre los tres órdenes de gobierno, así como en las instancias involucradas.

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