La crisis económica que vive el país afecta más al sector femenino, ya que, de acuerdo con datos del INEGI, del millón 922 mil empleos perdidos en 2008, el 71 por ciento correspondió a mujeres, destacó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián (PRD).

Es decir, explicó la legisladora, el año pasado un millón 364 mil mujeres perdieron su empleo a diferencia de los hombres, de los cuales quedaron desempleados 558 mil.

Durante el foro: Mujeres, retos para el 2009, al que asistió la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, María del Rocío García Gaytán, así como las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna y de la Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios del País, Violeta Lagunes Viveros, Contreras Julián advirtió que para el presente año, en el que se estima se perderán otros 300 mil empleos, más del 50 por ciento será en el sector femenino.

En su exposición señaló que en la división sexual del trabajo permanece vigente el modelo tradicional en la familia, en el que el hombre es proveedor de manera mayoritaria y la mujer únicamente cuidadora.

Agregó que a pesar de la incorporación al mercado laboral de las mujeres, éstas lo han hecho en condiciones desventajosas, ya que a diferencia de los hombres siguen dedicando un tiempo importante a las labores domésticas.

Por lo que respecta al problema de la violencia de género, la diputada indicó que a pesar de que se ha logrado sacar de la esfera privada, el flagelo sigue presente en todo el país, donde la violencia extrema en 2008 alcanzó los 264 feminicidios.

En el ámbito de la participación política, dijo, “las legisladoras no logramos que en este Congreso se aplicara la paridad de género en las reformas electorales. Tampoco hacer cambios constitucionales o incorporar ninguna acción que realmente pudiera plantear la igualdad entre hombres y mujeres”.

Sin embargo, añadió, se seguirán haciendo los esfuerzos necesarios para lograrlo. Hoy, indicó, se hace urgente que el tema de la laicidad sea un elemento básico del Estado, toda vez que es fundamental para el ejercicio de los derechos de las mujeres. “Para que no haya ningún elemento oscurantista que frene o cancele nuestros derechos”.

En su oportunidad, la diputada Violeta Lagunes Viveros (PAN), presidenta de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País aseveró que para erradicar la violencia hacia este sector, se requiere establecer en la Constitución la transversalidad de género en los programas y acciones de gobierno, “porque no existe actualmente”.

También, dijo, es necesario promover la capacitación y contratación de mujeres para cargos de toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno.

“Plantear como causa de responsabilidad administrativa la discriminación y violencia contra la mujer en los órganos de gobierno y, en general, establecer la regulación que permita que los diferentes órganos desempeñen debidamente sus actividades”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna (PAN), expresó que la participación igualitaria de la mujer no sólo es una exigencia básica, sino justa por la democracia, y debe considerarse necesaria para que se tengan realmente en cuenta los intereses de las mujeres.

Reconoció que la discriminación directa e indirecta contra este sector persiste de manera generalizada, “en la ley y en la práctica, en todo el mundo; a pesar de que los derechos de igualdad y no discriminación se encuentran consagrados en distintos instrumentos internacionales”.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres) destacó que hace poco el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con ello, abundó, el Estado pasó de la adopción a la implementación de dos importantes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer.

Refirió que cada vez son más las instituciones en todos los niveles de gobierno que reconocen en la violencia contra las mujeres un grave atentado a los derechos humanos y libertades fundamentales, así como un obstáculo para la consolidación de nuestra democracia.

La funcionaria resaltó que de la polémica y resistencias que generó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en un periodo de poco más de 750 días se logró que 31 entidades federativas aprobaran, en el ámbito local, una ley similar.

En este sentido, hizo un llamado al Poder Legislativo del estado de Guanajuato para que a la brevedad apruebe un marco jurídico que permita proteger la vida e integridad de las niñas y mujeres de esa entidad; y al Ejecutivo de Querétaro, para que publique cuanto antes la ley en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que avaló el Congreso local el 27 de octubre de 2008.
“En el Instituto Nacional de las Mujeres somos conscientes que la ley por sí misma no resolverá ancestrales y arraigados patrones de violencia contra las mujeres, no somos partidarias de las fórmulas mágicas o por decreto para resolver este complejo fenómeno, sin embargo, creemos que la ley juega un importante papel como componente de la política integral para hacerle frente”, subrayó.

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