• El titular del Coneval se reunió con diputados

En la reunión de trabajo con la Comisión de Desarrollo Social, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación, Gonzalo Hernández Licona, aceptó que la pobreza es un factor que incide en el fenómeno del narcotráfico. No obstante, refirió que ese flagelo también es atractivo para el resto de los grupos sociales.

El diputado de Acción Nacional, Gerardo Priego Tapia, cuestionó al funcionario de ese órgano autónomo sobre el nexo que hay entre la pobreza que viven millones de personas en el país con el incremento del narcotráfico, luego de que éste acudiera a la Cámara de Diputados para presentar el informe 2008 sobre las evaluaciones a los programas de desarrollo social.

En respuesta, el secretario ejecutivo del Coneval afirmó que “el nexo del narcotráfico con pobreza es que éste es atractivo para pobres y no pobres, es decir que tiene efectividad porque cualquier persona es atraída por ganancias de corto plazo”.

“Por supuesto que no solamente hay gente pobre en el narcotráfico, el nexo está ahí, pero el centro del fenómeno sigue siendo la impunidad”, abundó.

Dijo que la impunidad es lo que explica al tema del narcotráfico y muchos otros fenómenos en la vida diaria del país y hoy “atenderla y corregirla se complica muchísimo. Resolver la impunidad es un problema que no es fácil ni sencillo”.

Previo a ello, Hernández Licona presentó el informe del Consejo Nacional de Evaluación sobre la medición de la pobreza en el país.
Destacó que a pesar de que a finales de 2006 el índice de pobreza iba en disminución, con la crisis económica actual el número de pobres podría aumentar, aunque esos datos se darán a conocer una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) concluya la más reciente encuesta nacional en el próximo año.

Abundó que de acuerdo con ese instituto, hasta finales de 2006 había 44.7 millones de pobres de patrimonio que representaban el 42.6 por ciento del total de los habitantes del país.

Cada uno de ellos, dijo, tenía un ingreso total inferior a mil 625 pesos mensuales en el área urbana y menor a mil 86 pesos en el área rural, lo cual les impedía adquirir sus requerimientos básicos de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público, aun dedicando el total de sus ingresos exclusivamente a satisfacer estas necesidades.

De acuerdo con la misma fuente, añadió, se estima que en 2006 el 13.8 por ciento de los mexicanos eran pobres alimentarios, lo que representaba alrededor de 14.4 millones de personas.

Mencionó que estimaciones del Coneval señalan que la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria es el estado de Chiapas, dado que el 47 por ciento de su población se encuentra en esta situación. “Le siguen los estados de Guerrero con 42 por ciento; Oaxaca con 38.1; Tabasco con 28.5 y Veracruz con 28 por ciento”.

Por lo que respecta a la canasta básica, el funcionario destacó que después de los periodos de inflación acelerada en la década de los ochentas y a mitad de los noventas, el país tuvo un importante control de ésta, sin embargo, desde el 2007 se ha venido experimentando un incremento importante en el precio de los alimentos que afecta especialmente a las familias en pobreza.

“La pobreza alimentaria ha venido creciendo desde finales de 2007 y se acentúa durante 2008 y la situación de precios e ingresos podría agravarse aún más por los problemas financieros mundiales que se han observado recientemente”, subrayó.

En este sentido, explicó que en agosto de 2007, el crecimiento del valor de la canasta alimentaria fue del 5.2 por ciento con respecto a 2006, pero en 2008 el costo subió a 12.2 por ciento, por lo que el incremento total, de agosto 2006 a agosto 2008 fue de 18 por ciento.

En cuanto a los ingresos laborales, indicó que entre 1992 y 2006 los salarios mínimos se incrementaron en sólo en 3.8 por ciento entre las familias pobres rurales y bajó 0.01 por ciento en zonas urbanas; “el promedio nacional sufrió una reducción de 3.1 por ciento, como lo cual indica que el salario real prácticamente no ha cambiado en 14 años”.

Señaló que la ocupación que ha crecido considerablemente es la informal y no la formal: entre 1992 y 2006 hubo un crecimiento neto de casi 5.1 millones de empleos formales pero en el mismo periodo la ocupación informal creció en 10.2 millones de personas.

En el rubro de seguridad social, dijo ésta no ha tenido los resultados esperados. A nivel nacional las personas de 65 años y más que no trabajan y no reciben pensión eran el 80 por ciento de la población en 1992; para el 2006 este porcentaje apenas disminuyó a 71.5 por ciento.

“Los jefes de hogar sin derechohabiencia, es decir, sin afiliación a una institución pública para recibir seguridad social, pasaron de 69.3 por ciento en 1992 a 71.0 por ciento en 2006”.

Ante este hecho, abundó, el gobierno ha diseñado un conjunto de programas sociales para apoyar a la población que carece de seguridad social y tanto el programa Oportunidades como el programa de Seguro Popular, brindan o fortalecen apoyos en salud o en efectivo, sin embargo, dijo, los servicios que prestan no cuentan con todos los componentes que se ofrecen en el IMSS o ISSSTE y por tanto brindan una protección incompleta, por lo que sugirió hacer una reingeniería a fondo de la seguridad social.

En lo referente al Programa PROGRESA/Oportunidades, el beneficio social ha sido importante y consideró que es altamente progresivo. Por otra parte, el Programa de Abasto Social de Leche ha tenido un impacto en la reducción de la anemia de niñas y niños menores de tres años a raíz de la fortificación de la leche en 2002.

Resaltó que la reducción en la pobreza entre 1992 y 2006 fue relativamente lenta, lo que ocasiona que la población en escasez económica en las áreas urbanas sea de gran magnitud en nuestros días.

Finalmente, advirtió que la situación económica que vive el país y la caída en la producción del petróleo complicará las finanzas públicas en 2010 y no alcanzará la cobija para todos los proyectos, por lo que planteó que se debe revisar la funcionalidad de los programas sociales y aquellos que no funcionen o no den resultados sean eliminados para generar ahorros y evitar duplicidad.

Tras el informe, los legisladores Rubén Escajeda (PRI), Víctor Varela y Miguel Angel Peña Sánchez, del PRD, manifestaron su preocupación porque más del 70 por ciento de la población en nuestro país gane menos de lo que cuesta la canasta básica, es decir, que de los 103 millones de mexicanos, existan 18 millones de viven en pobreza alimentaria, así como 48 millones en pobreza patrimonial.

Al concluir la reunión de trabajo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Héctor Hugo Olivares Ventura (PRI) dijo que la Cámara de Diputados debe estar más cerca del Coneval, además de promover una iniciativa que convierta en vinculatoria la evaluación de la política de Desarrollo Social del gobierno federal al tema de carácter presupuestal.

Del mismo modo, para que la recomendación de dicha evaluación sea obligadamente aceptada por el Poder Ejecutivo, lo que consolidaría los trabajos del Consejo Nacional de Evaluación.

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