La Comisión de Energía, que preside el diputado David Maldonado González, aprobó el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a determinar la existencia de responsabilidades por parte de servidores públicos o de terceros en el accidente ocurrido en la plataforma Usumacinta, el 23 de octubre de 2007 y en el que perdieron la vida 22 personas.
Para lo anterior, las autoridades deben tomar en cuenta los elementos que se consideren oportunos tanto de la recomendación No. 14/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como de los informes que presentaron la empresa Battelle Memorial Institute y la Comisión Ciudadana Independiente, presidida por el doctor Mario Molina.

Se menciona en el documento que la plataforma de perforación ubicada en la Sonda de Campeche fue instalada en 1994 y es propiedad de la compañía Perforadora Central S.A. de C.V., la cual fue contratada por Pemex Exploración y Producción para perforar pozos en la Región Marina Suroeste.

El diputado promotor del acuerdo, Víctor Manuel Méndez Lanz, señala que “es posible que dicha compañía no haya implementado las medidas de seguridad que le permitieran enfrentar el fenómeno ocurrido el 23 de octubre de 2007, toda vez que se debió prever este tipo de accidentes ocasionados por fenómenos meteorológicos.

En tanto, la CNDH emitió una recomendación el 19 de febrero de 2009 en la que determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos a la vida, legalidad, seguridad jurídica e integridad física, con motivo del incumplimiento a las normas y reglamentos de seguridad que se requieren para laborar sobre las plataformas petroleras, se menciona en el documento.
Lo anterior, por la deficiente capacitación y equipo proporcionado a los empleados de plataformas de Pemex, aunado a que se cuenta con embarcaciones de salvamento en las cercanías de dichas plataformas oceánicas.

Consideró que hubo violaciones a los derechos humanos de las 22 personas que perdieron la vida, así como de los 68 lesionados, toda vez que los servidores públicos de Pemex toleraron que la plataforma Usumacinta funcionara en condiciones que no garantizaban la integridad física ni la vida de los obreros.
Una de las recomendaciones de la CNDH para el director general de Petróleos Mexicanos es que gire instrucciones para que inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos de esa paraestatal implicados en el asunto.
Además, para que no se otorguen licitaciones a las empresas que no cumplan con las medidas de seguridad para el desempeño de los trabajadores en instalaciones petroleras.

-- ooOoo --