A fin de que el Estado defina nuevos conceptos de desarrollo que permitan recuperar la convivencia y la estabilidad en el campo mexicano, el diputado Miguel Rivero Acosta (PRI) presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Agraria que plantea la creación de la Comisión para la Regulación del Mercado de Tierras y la Promoción de los Derechos de Ejidatarios y Comuneros.
Al dar lectura al documento signado por el diputado Joel Guerrero Juárez (PRI), señaló que es necesario regular el mercado de los terrenos “que se ve incierto en una participación no coordinada de instancias de Gobierno, con un marco especulativo cuya dinámica está sustentada en la ganancia y no permite reordenar adecuadamente y con los ritmos apropiados para acompasar el desarrollo social”.

“Al contrario, el mercado ha dado como resultado atrofias en la integración de la sociedad rural, que amenaza en convertirse en una guerra casi civil arropada por el narcotráfico”, puntualizó.

Por ello, se deben buscar mecanismos que permitan revisar la estrategia y adecuar inmediatamente el marco jurídico normativo de las instituciones.

Propone que se cree una Comisión Reguladora para el Mercado de Tierras para cambiar el concepto de ganancia y plusvalía que hoy caracteriza a este mercadeo irracional hacia otro donde el equilibrio ecológico sea el punto de partida y el desarrollo de la sociedad del campo su resultado final.

Con este mecanismo el ejidatario y comunero se integrarían a las sociedades con conocimiento y potenciales para su propia aprobación.

La propuesta para modificar los artículos 23, 75 y 100, y agregar el Título Noveno, a la Ley Agraria vigente se remitió a la Comisión de la Reforma Agraria.

Agilización del trabajo legislativo

Durante la sesión de hoy, el Pleno conoció una iniciativa del diputado Enrique Serrano Escobar (PRI) que reforma la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para avanzar y agilizar los trabajos del Congreso pese a las circunstancias adversas.

Indicó que el Poder Legislativo, en general, y la Cámara de Diputados en particular, se han visto aquejados por un importante rezago legislativo, que pese a los esfuerzos por combatirlo, parece que no disminuye sino que se incrementa, lo cual deriva de la insuficiencia del marco jurídico del Congreso, que se ha visto superado por los cambios y circunstancias que ha sufrido el Legislativo.

Añadió que entre las Legislaturas LIX y LX se han presentado más de 200 iniciativas para agilizar el procedimiento parlamentario, regular la actividad de los legisladores y sancionar la inasistencia o falta de probidad en su labor, de las cuales se ha resuelto menos del 10 por ciento.

Entre las modificaciones propuestas, destacó la del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones ordinarias sesionen cuando menos dos veces al mes durante los periodos ordinarios y, una vez al mes durante los recesos.

La iniciativa plantea reformas y adiciones a los artículos 38, 44, 45 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que hace al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone reformar y adicionar los artículos 28, 87, 88, 93, 98 y 100. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Patria Potestad

Enseguida, la diputada María de los Ángeles Jiménez Del Castillo planteó adicionar el artículo 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de que las autoridades establezcan las normas y mecanismos necesarios para que, siempre que una niña, niño o adolescente se vea privado de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella.

Asimismo, que se dé prioridad a la elaboración de disposiciones legales que prevean mecanismos expeditos para que las niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados, tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que, de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior del niño.

La pérdida de la patria potestad y el derecho a la convivencia entre padres e hijos, entraña graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos como para el progenitor; perturba igual el equilibrio social; trastoca el núcleo familiar y se da una forma de desmembración familiar, lo que acarrea graves consecuencias psicológicas y sociológicas que repercuten en las diferentes etapas de la vida de los hijos y de los padres.

De ahí la necesidad de generar las condiciones necesarias para que, en caso de que el, la o los progenitores no convivan o no puedan convivir con sus hijos, existan disposiciones que prevean mecanismos expeditos para que los hijos y las hijas puedan mantener la relación personal, mediante el convivio y el trato directo con los padres, evitando que alguno de los padres impida el contacto con los hijos. Se envió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

A su vez, la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, presentó una iniciativa de reformas a los artículos 29 y 30 Ley General de las Personas con Discapacidad a fin de dotar con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía de gestión al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Señaló que es necesario que este sector de la población, al igual que los adultos mayores, los indígenas, los jóvenes y las mujeres, cuenten con un organismo o instituto nacional que les facilite incluso la designación de partidas presupuestales.

“Según el Censo General de Población y Vivienda del INEGI, en 2000 vivían en México alrededor de dos millones 200 mil personas con discapacidad, y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad estima que de esa población 67 por ciento es analfabeto y 48.5 por ciento es inactivo económicamente, lo que hace vulnerable esa población”.

Su situación, dijo, no es la mejor y en estos tiempos de crisis seguramente serán los más golpeados por la carencia de oportunidades, la necesidad de un empleo remunerado digno, sus necesidades de salud y educación, entre otros, y no será fácil su inclusión social. Se mandó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Ley de Puertos

Enseguida, de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Puertos para establecer que las concesiones sobre bienes de dominio público de la federación para construir, operar y explotar marinas artificiales o terminales marinas, se podrá adjudicar directamente a los propietarios de los terrenos que colinden con la Zona Federal Marítimo Terrestre de que se trate.

Con la modificación se busca apoyar a una mejor y mayor infraestructura para que puedan hacerse mejores negocios con más certeza jurídica. Se turnó a la Comisión de Transportes.

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