Diputados y senadores del grupo parlamentario del PRI presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, a fin de agravar el delito de falsedad de declaraciones y en informes hechos por testigos protegidos o colaboradores.
La propuesta, indicó el diputado Gerardo Vargas Landeros (PRI), sugiere imponer de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al testigo protegido o colaborador que incurra en falsedad de declaraciones cuando sea interrogado por una autoridad pública distinta a la judicial.
Explicó que por el contrario, cuando sea interrogado por autoridades judiciales y falte a la verdad sobre un hecho que se trata de averiguar, se impondrá una sanción de seis a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.
En tribuna, el legislador añadió que las penas se amplían si quien propicie la comisión de los delitos fuese servidor público.
“A éste se le incrementará la pena en una tercera parte de las antes señaladas, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años”.
Vargas Landeros recordó que con el fin de lograr un verdadero desmembramiento de las organizaciones criminales, se estimó conveniente otorgar diversos beneficios legales a los miembros de la delincuencia organizada que colaboren en la investigación y persecución de otros delincuentes.
Abundó que esto ha permitido que de 1996 a la fecha, algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado se conviertan en colaboradores o testigos protegidos a cambio de los beneficios que les otorga la ley.
Sin embargo, añadió, se tienen resultados insuficientes. “En México más del 80 por ciento de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada se sustentan en testimonios de colaboradores que se acogen a este beneficio, pero la mayoría de los dichos aportados por estos presuntos delincuentes resultan falaces”.
Aunado a lo anterior, dijo, existen circunstancias en que hay inculpados que se convierten en falsos testigos protegidos, debido a la inducción dolosa que ejercen sobre ellos algunos funcionarios policiales o ministeriales que, con el fin de resolver un caso de manera manipulada, los instigan a deponer contra determinadas personas sin elementos que correspondan a la realidad.
“Por tal motivo, el génesis de la iniciativa que nos ocupa es reformar el contenido de los artículos 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y adicionar el Código Penal Federal con los artículos 248 Ter, Quáter y Quintus”.

Educación ambiental

El diputado Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia) presentó en la sesión de hoy, cinco iniciativas que se turnaron a la Comisión de Gobernación.

Tres de ellas para modificar el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de lograr que la Secretaría de Educación Pública (SEP) organice, vigile y desarrolle en las escuelas oficiales, la enseñanza ambiental, con la cooperación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asimismo, para que ejecute acciones que promuevan la integración y educación de personas con discapacidad.

Partidos deberán informar a IFE sobre bienes muebles e inmuebles

En otra iniciativa, planteó reformar los artículos 35 y 42 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de que las agrupaciones políticas con registro, al presentar al Instituto Federal Electoral el informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad, especifique el inventario de sus bienes muebles e inmuebles, así como las adquisiciones y enajenaciones de dichos bienes durante el ejercicio mencionado.

La no sentencia por delito electoral, requisito para ser legislador

Una más, para modificar el artículo 7 de este mismo Código y establecer como un requisito para ser diputado federal o senador, no estar sentenciado por algún delito electoral. El legislador aclaró que la propuesta parte de una máxima de la democracia y de los gobiernos republicanos, misma que consiste en el respeto a la soberanía popular y al derecho de los cuidadnos para votar por los candidatos que comparten los valores de la legalidad.

Equidad para individuos con discapacidades

El mismo diputado propuso reformar la Ley General de Educación a fin de que la enseñanza que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, promuevan la equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales y lograr con ello la mejor calidad y una efectiva igualdad de oportunidades para todos los individuos con discapacidades.

Ésta se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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