• Con la Ley de Contabilidad Gubernamental se dan las bases para otorgar calidad al gasto público: Dionisio Pérez Jácome

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo que al fortalecer a la ASF y al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), dotándolos con nuevos instrumentos jurídicos, el Poder Legislativo ha cumplido con las demandas ciudadanas, coadyuvado en la construcción de una nueva cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

No obstante, reconoció, no todos los resultados obtenidos son positivos. “A pesar de que cada año se presentan casi las mismas recomendaciones a las entidades fiscalizadas, la Secretaría de la Función Pública nos ha anunciado un programa para eliminar las recurrencias de las irregularidades; las cuales no sólo continúan presentándose, sino que año con año se incrementan”.

Durante su participación en el foro Armonización Contable. El Poder Público y el Compromiso con el Futuro de México, Ortega Martínez denunció que “existe un pobre compromiso institucional de la Secretaría de la Función Pública para resolver la promoción de las responsabilidades administrativas derivadas de las auditorías”.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de la Función Pública a implementar medidas frontales de combate a la impunidad y la corrupción; asimismo, demandamos mayores esfuerzos para eficientar la administración pública”.

“De igual forma, la PGR debe ser reconvenida por el Ejecutivo, por su inacción y mantener congeladas las denuncias de hechos que ha presentado la ASF con motivo de las auditorías ya conocidas”.

En su oportunidad, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Dionisio Pérez Jácome, afirmó que con la Ley General de Contabilidad Gubernamental existen bases sólidas para reforzar las acciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y apoyar de manera decidida la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.

Durante su participación expuso los objetivos y principios de la Ley General de Contabilidad, así como las características y beneficios que producirá en el tránsito hacia un sistema contable armonizado en los tres órdenes de gobierno.

Afirmó que uno de los principales compromisos del Gobierno Federal es asegurar el uso honesto, eficiente y transparente de cada peso recibido de los ciudadanos, y la armonización y compatibilidad de los diferentes sistemas de contabilidad gubernamental permitirá avanzar con pasos firmes en esa dirección.

A nombre de la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas y manifestó su disposición de trabajar con los gobiernos estatales y municipales en la consecución del mejor sistema de contabilidad gubernamental posible.

El nuevo marco legal, aprobado en noviembre de 2008 por la Cámara de Diputados, abre un nuevo capítulo para que las finanzas públicas se desarrollen en un contexto de mayor transparencia y rendición de cuentas, al establecer la obligación de los tres órdenes de gobierno de contar con un registro patrimonial de bienes muebles e inmuebles.

Reconoció la iniciativa y responsabilidad del Congreso en la propuesta y aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que prevé la obligación de los tres órdenes de gobierno de contar con un registro patrimonial de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos y con un inventario para una mejor identificación de los bienes y el estado en que se encuentran.

En la nueva ley se señalan plazos específicos para el registro de alta y baja de bienes, tanto del inventario como del registro patrimonial, establece el registro auxiliar para bienes muebles e inmuebles inalienables e imprescriptibles, como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como el control de bienes no registrados en cambio de administración.

“Garantiza que la armonización sea flexible, evolucione conforme a las mejores prácticas internacionales y responda a las necesidades reales de los órdenes de gobierno”.

En tanto, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, secretaria de la Comisión de Vigilancia, afirmó que cuando se reconozca que el objetivo central de la fiscalización es la transparencia y la certeza de la aplicación de los recursos, se convertirá en herramienta de progreso y en proyección de políticas públicas hacia el futuro y la impunidad y la corrupción van a pertenecer al pasado.

Señaló que la Ley General de Contabilidad Gubernamental representa una nueva era en el combate a la opacidad, pues tiene como principal objetivo homologar las contabilidades, combatir la corrupción en el patrimonio público y generar mayor transparencia en el sistema del manejo contable.

“Cuántos casos no existen en estados, municipios y en el propio Gobierno federal que al terminar el periodo de gestión o administración para el cual fueron elegidos presentan esos ayuntamientos, esos gobiernos, severos saqueos cuando destruyen y dejan en condiciones deplorables, prácticamente inservibles los bienes municipales, estatales o federal o bien, de repente, estos bienes se vuelven propios y desaparecen del patrimonio público y de los archivos”, dijo.

“Hablamos de una gran cantidad de activos como computadoras, vehículos, obras de arte, escritorios, papelería, etcétera y estos desvíos le siguen costando al pueblo de México, a la sociedad”, abundó.

Añadió que si no existe el registro patrimonial y sanciones severas para quienes realizan estos actos, se van a repetir en nuestro país, “no se vale que con nuestro dinero, recursos e impuestos se estén dando este tipo de usos y actos”.

Se trata de poner bases firmes y eso lo estamos logrando con la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental para evitar estas prácticas y establecer disposiciones especiales para el control de los bienes en la transición de una administración a otra, estableciendo la obligación de la administración saliente de entregar los bienes a la entrante.

Por su parte, el diputado Javier Guerrero García, secretario del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, externó que la Ley General de Contabilidad Gubernamental contiene elementos importantes de avance y transformación; “sin embargo, requiere de un ambiente social, de un esfuerzo político e institucional y de capacidad técnica para hacerla posible”.

Agregó que con el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño se dan los elementos para que el presupuesto tenga un impacto positivo en la vida de la ciudadanía y se convierta en un instrumento de apoyo del Estado mexicano.

“Esta ley contiene un diseño institucional novedoso en la legislación, que refleja la complejidad, los retos y el tamaño del esfuerzo que debemos impulsar. Prueba de ello son el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Consultivo”.

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