• Concluyó foro internacional sobre el tema
• En España este tipo de modelo aporta el 10 por ciento del PIB

Al reiterar que la economía social es una alternativa para enfrentar la crisis, generar empleos y combatir la pobreza, legisladores federales y estatales coincidieron en que el apoyo a empresas sociales no se logrará sin la aprobación de una ley general y el involucramiento de los tres niveles de gobierno en la implementación de políticas públicas.

En el segundo foro internacional sobre el tema, organizado por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que preside el diputado Leonardo Magallón Arceo, el coordinador parlamentario del PAN, Héctor Larios Córdova, manifestó que en el contexto de la crisis “hay que romper paradigmas” para promover estos modelos económicos.

“Tenemos que impulsar a estos modelos que contribuyeron al desarrollo de economías tan fuertes como Alemania, Italia o España; no puede entenderse su desarrollo sin el apoyo a estas actividades”.

Al comentar el panorama mundial del sector, la directora de la Confederación Empresarial de la Economía Social Española, María del Carmen Comos Tovar, enfatizó que estas iniciativas empresariales, surgidas de este modelo, resuelven problemas a nivel regional y que en Europa conforman el 10 por ciento de las empresas constituidas en el viejo continente.

“Son dos millones de empresas que dan empleo al seis por ciento de la población europea. En España son 52 mil y proporcionan trabajo a 2.5 millones de personas, cuya facturación representa el 10 por ciento del PIB español”.

Al respecto, el diputado Miguel Rivero Acosta (PRI) señaló que la experiencia internacional nos demuestra que este modelo apuntala la generación de empleos de calidad, la integración laboral de personas en riesgo de exclusión y contribuye al desarrollo local.

Dijo que la carencia de regulación repercute en el acceso disperso y limitado a los esquemas de financiamiento y en la escasa capacitación y formación empresarial, lo que provoca la informalidad de sus actividades productivas.

En tanto, el diputado Raciel Pérez Cruz (PRD) dijo que “hasta el momento no se han superado los disensos para la aprobación de la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 constitucional”, por lo que se pronunció para que en este periodo se superen las diferencias y se valide el ordenamiento.

“El sector social está poco consolidado y no ha logrado insertarse con éxito a la cadena productiva, se trata de un sector precario, desarticulado, poco planificado; subsiste de manera inercial”.

El presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo del Congreso de Aguascalientes, Jaime Gallo, subrayó que el marco jurídico general que se avale tendrá que fundamentarse en la promoción del consumo responsable, el trabajo común organizado, el ahorro e inversión productiva como medios para el desarrollo.

“Es necesario elaborar una ley específica pero también impulsar reformas de carácter transversal que faciliten el desarrollo de cooperativas para su registro como empresas y que se establezcan estímulos específicos para su creación y expansión”.

También es indispensable la creación de un instituto u organismo que se dedique a impulsar a la economía social en toda la federación, así como designar los recursos necesarios para su implementación, concretó.

Finalmente, el diputado Leonardo Magallón Arceo (PAN) dijo que es necesario que en nuestro país se legisle, impulse y concrete, tanto en el orden legislativo como el Ejecutivo, el desarrollo de la economía social y solidaria para crear una verdadera equidad, democracia y desarrollo productivo con un reparto justo de la riqueza.

La economía social responde a las necesidades de la persona y no está condicionada al capital; se constituye por empresas que no tienen fines de lucro, pero que mejoran y desarrollan las condiciones de vida, sobre todo, de los más necesitados.
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