• El Procurador Fiscal de la Federación se reunió con diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales

El amparo fiscal se ha convertido en una estrategia de negocios por las ventajas económicas y competitivas que puede obtener una empresa al liberarse del pago de impuestos, señaló el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Javier Laynez Potisek.

Explicó que el aumento masivo en demandas de amparo fiscal tiene importantes intereses económicos en juego: la posibilidad de liberarse del pago de los impuestos, diferencia de criterios entre los jueces de distrito que resuelven los amparos y estrategias políticas de invitación mediante formatos para incorporarse de forma masiva contra la política fiscal.

Lo anterior, en reunión de trabajo con la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, para analizar la iniciativa que reforma el artículo 107 constitucional con el fin de que tengan efectos generales los amparos cuando sean tramitados de manera colectiva y declarados procedentes.

El procurador refirió que a una empresa no le conviene dejar de promover un amparo porque si su competidora lo hace y logra dejar de pagar el tributo o bien obtener una devolución millonaria, lo coloca en ventaja. “El amparo es una decisión de negocios, principalmente en el caso de la industria aérea, la comida rápida para llevar y la de espectro radioeléctrico”.
Informó que en los últimos dos ejercicios y en el actual, el monto involucrado en los amparos masivos y que se ha puesto en juego es de alrededor de 346 mil millones de pesos.

En 2006 se devolvieron 9 mil 527 millones de pesos al sector financiero por la inconstitucionalidad del régimen de prorrateo, exención de bebidas alcohólicas y el impuesto sustitutivo del crédito al salario, entre otros, mencionó.

Precisó que de acuerdo con la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alrededor del 54.5 por ciento de los asuntos resueltos en 2007 fueron de carácter fiscal, aun y cuando su especialización es en las materias civil-penal. “Al no reformarse leyes declaradas inconstitucionales los particulares promueven, año con año, los juicios de amparo en su contra”.
Mencionó que si se comparan los amparos promovidos en los periodos 1996-2001 y 2002-2007 se observa un incremento del 176 por ciento, pasando de 48,813 a 134,323. En diversos ejercicios e impuestos se encuentra un incremento de impugnaciones masivas desde 2002 a la fecha. En 2008 en materia de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se promovieron 31 mil amparos.

Señaló que la problemática actual del amparo fiscal es el monto presupuestal en riesgo, desigualdad, amparo fiscal como estrategia de negocios y aumento masivo en demandas de amparo fiscal.

“Actualmente el juicio de amparo, sobre todo cuando es interpuesto en forma masiva, puede afectar los ingresos públicos y frenar los gastos programados. No se pueden establecer políticas fiscales a largo plazo, ya que el diseño y los ingresos correspondientes están sujetos a los criterios de constitucionalidad que establezcan SCJN”, dijo.

Propuso que para armonizar las garantías individuales y el deber de contribuir, para no privar al contribuyente de poder impugnar una norma inconstitucional, se establezca un procedimiento ad hoc para impugnar la constitucionalidad de leyes fiscales, que aplicaría sólo a amparos masivos, o asuntos de importancia y trascendencia con impacto en la recaudación, tramitado ante juez de distrito pero resuelto en única instancia anta la SCJN. Las sentencias tendrán efectos generales.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres, secretario de la Comisión, comentó que seguirán estudiando la iniciativa y conociendo diferentes posturas y propuestas para poder dictaminarla.

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