Con el propósito de combatir la evasión y la competencia desleal que afectan gravemente al fisco federal y al sector formal productor de alcohol, el pleno conoció en primera lectura un dictamen de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para eximir del pago del gravamen a la enajenación e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.

El documento elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público señala que estas prácticas de evasión fiscal por parte del sector informal tienen un efecto adicional en la recaudación impositiva.

Se reconoce que algunos productores de alcohol y alcohol desnaturalizado, aun cuando cumplen con algunas obligaciones formales y de control –como estar inscritos en el registro federal de contribuyentes y expedir comprobantes por la venta de los productos mencionados— no enteran el impuesto que trasladaron a sus clientes y se sustraen del control y vigilancia de las autoridades fiscales cambiando de domicilio.

Las prácticas realizadas por este sector permiten utilizar el IEPS para disminuir el precio de venta de esos insumos y competir de manera desleal con los contribuyentes que sí cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales.

Por ello se plantea condicionar la exención al cumplimiento de diversas obligaciones formales como llevar controles físicos de esos insumos, producidos o envasados, así como proporcionar información sobre su producción, enajenación o importación, de los principales clientes y proveedores y de las características de los equipos utilizados para la producción, destilación, envase y almacenaje, lo que permitirá conocer tanto la producción como el destino final de los productos mencionados.
Programas de beneficio para infantes y adolescentes
Se conocieron en primera lectura cuatro dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Uno de ellos plantea reformar el artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Estado, en sus distintos niveles y órdenes de gobierno aplicará criterios, disposiciones, políticas, acciones y decisiones que busquen el beneficio directo del infante y el adolescente, a quienes van dirigidas, de conformidad con todos los órdenes relativos a la vida de la niña, del niño y del adolescente.
Asimismo se señala que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán otorgar prioridad a los intereses del infante y el adolescente. Este principio también será respetado por los particulares.
El documento especifica el propósito de procurar protección a las niñas y niños adolescentes; así como incluir la palabra sano, cuando se refiere al crecimiento y desarrollo pleno e integral dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Lo anterior tendrá como propósito fomentar sus capacidades y garantizar el respeto a la dignidad y el ejercicio absoluto de sus derechos.
Prevenir desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios
Otro, modifica el inciso D del artículo 28 de la misma ley, para que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales se coordinen para prevenir la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos alimenticios mediante la promoción de una alimentación completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua, y la formulación y desarrollo de programas y actividades de nutrición permanentes.
La reforma tiene el objetivo de impulsar la prevención y el combate a la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios, problemas que se inician desde temprana edad y que la mayoría de las veces se convierten en enfermedades degenerativas.

Precisar daños físicos, emocionales y psicológicos que causen quienes contraten menores de 14 años

También quedó de primera lectura el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de precisar los daños que causan tanto física, emocional y psicológicamente quienes infringen la ley al contratar menores de 14 años.

El documento señala que en México el alto nivel de pobreza y desigualdad sigue obligando a millones de niños y niñas en México a trabajar y que sean sometidos a labores extremas e ilegales, mal remunerado y sin garantías de salud.

Por ello, es necesario emprender políticas públicas para su erradicación, así como incorporar el tema en los programas de combate a la pobreza a fin de convertirlo en una prioridad para que el Poder Ejecutivo garantice que las niñas y los niños menores de 14 años no trabajen.

Incluir a la SCT en el Consejo Directivo del INAPAM

Otro dictamen que quedó de primera lectura fue la reforma al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual busca adicionar una fracción para incluir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Aclara que es importante reforzar la legislación al respecto, a fin de que este órgano directivo quede debidamente fortalecido, con diferentes opiniones, estrategias y recursos, así como asegurar el compromiso y respaldo de los titulares de estas instituciones.

“Es de suma importancia que el titular de dicha secretaría se integre al consejo directivo por la naturaleza de las acciones que tiene conferidas en la ley. Por ende, es necesario que participe en la toma de decisiones y, sobre todo, en la aplicación de acciones y proyectos en favor de los adultos mayores”, asevera.

Posteriormente, se citó para el martes 24 de marzo a las 12:00 horas a la Sesión Solemne con motivo del L Aniversario de la Elaboración y Entrega de Libros de Texto Gratuito, al término de la cual tendrá lugar la sesión ordinaria.

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