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Boletín N°. 3941 Revisar irregularidades detectadas por ASF en Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas: Marcos Matías

• Alcanzarían los mil 600 millones de pesos, especificó

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, informó que en la revisión de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por mil 600 millones de pesos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI).

En reunión de trabajo con el Pleno de este órgano legislativo, Matías Alonso agregó que las observaciones tienen que ver con transferencia de recursos financieros, así como con la aplicación de programas y proyectos en las regiones indígenas.

“Recibimos los primeros resultados de la Auditoría Superior de la Federación, del análisis que ellos han realizado a varios organismos gubernamentales, y nos han entregado los resultados de la CNDI. Como presidente de la Comisión, es mi obligación informarles que en esta revisión se han identificado irregularidades en el orden de mil 600 millones de pesos”.

Matías Alonso subrayó: “Seguramente tendrán implicaciones de responsabilidades con los servidores públicos que tuvieron bajo su mando dar las órdenes o las instrucciones en la manera de cómo se aplicaron y se ejecutaron esos recursos”.

Dijo que a convocatoria de la Comisión de Vigilancia, en la segunda semana de abril la ASF estará en la Cámara de Diputados para examinar la información y documentación respectiva, “pero es mi obligación alertarlos de que el primer resultado que arroja son estas irregularidades, producto del ejercicio mal aplicado en la CNDI.

No quiero juzgar, no quiero opinar, sólo los invito a que ustedes revisen los documentos que tienen en sus manos, en cuanto recibamos nueva documentación la transmitiremos a todos los diputados de la Comisión para que estén enterados”.

Ante lo anunciado por el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el diputado José Luis Varela Lagunas propuso programar una reunión de trabajo con el Auditor Superior para analizar objetivamente la información que arrojaron las auditorías.

“Deberíamos solicitar antes una reunión con el auditor; no quiero decir que no se hayan cometido posibles irregularidades pero sí se me hace, y se los digo por la experiencia que tuvimos el año pasado, hay veces en que la información de los informes de la ASF no es tan real.

“Por eso es necesaria una reunión previa con el Auditor, independientemente de la que tengamos con la Comisión de Vigilancia”, concretó.

En tanto, el diputado Ramón Landeros González señaló que las áreas auditadas tienen un plazo para dar respuesta a las observaciones que realizó la ASF.

“Estamos en ese proceso, la legislación en la materia contempla 45 días para solventar las irregularidades y aclaraciones, si en ese lapso no hay una respuesta satisfactoria, entonces sí fincarán algunas responsabilidades, pero ahorita las áreas están en ese proceso”.

Marcos Matías enfatizó: “A nosotros nos preocupó un poco esta información; recordarán que oportunamente se señalaron algunos focos de alerta, precisamente en el cierre del ejercicio fiscal del 2007 y cuando vino don Luis H. Álvarez en la comparecencia a esta Cámara de Diputados se volvió a tocar el tema; como ven es un asunto que viene prácticamente desde el cierre del ejercicio fiscal 2007 y que resurge.

No quisiera yo ser alarmista, pesimista o catastrofista, simplemente vayamos con pausa, con cautela y revisemos la información y atendiendo las reuniones de ustedes estableceremos la ruta más adecuada y las reuniones de trabajo para analizar los documentos”.

Por su parte, el diputado Fidel Antuña Batista se pronunció por esperar el plazo requerido para subsanar las observaciones a fin de no juzgar anticipadamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

“No se les acusó, no se les ha comprobado nada y ya fuimos juez y parte; año con año sale el encargado del órgano fiscalizador y hace esta parafernalia y entonces le toca, no sólo al Gobierno federal, le toca también al Poder Legislativo, al Judicial, a los gobernadores estatales; la sociedad pierde credibilidad hacia las instituciones con estas acciones”.
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