En su comparecencia ante la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, afirmó que la dependencia será intolerante y se aplicará todo el peso de la ley a servidores públicos que se inmiscuyan en el desvío de recursos con fines electorales.

Ante el cuestionamiento de los legisladores, el funcionario destacó que la dependencia recibe diariamente 460 quejas por desvío de recursos, aunque no todas corresponden a procesos electorales.

Explicó que el 85 por ciento de estas denuncias son vía telefónica y se da un seguimiento puntual a cada una de ellas y que el 17 por ciento de las mismas terminan en fincamiento de responsabilidad. “En lo que va del sexenio, se ha denunciado penalmente a 60 personas”, aunque dijo desconocer cuántas de ellas fueron encarceladas.

Al respecto, el presidente de la Comisión Especial, Antonio Soto Sánchez hizo énfasis en el alto porcentaje de las denuncias, por lo que sugirió que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, actúen de forma inmediata ante las denuncias y no esperen a un largo proceso que al final no evita la elección de un candidato que se vio favorecido.

“Si tiene autoridad hágala valer, pero tampoco nos vamos a ir con rumores o sospechas, sino con denuncias fundamentadas, con pruebas”, refirió.
A su vez, el diputado Francisco Melo Velázquez, de Convergencia, solicitó al titular de la Función Pública hacer referencia de la experiencia adquirida en anteriores procesos electorales y sobre todo cuántas denuncias ha recibido la dependencia respecto a desvíos de recursos.

“Le preguntaría ¿cuántos peces gordos ha detectado la dependencia a su cargo, o más bien, a cuántos mapaches ha sancionado?”.

El funcionario respondió que la dependencia ha suscrito 19 convenios con gobiernos de los estados y un acuerdo por el que se establecen las bases para el Fortalecimiento de las Acciones de Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Delitos Electorales.

En tanto, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) refirió que en la Cuenta Pública de 2007 se dio a conocer que los estados y municipios registraron más de 18 mil millones de pesos en irregularidades, por lo que manifestó su preocupación porque en el proceso electoral de este año se pudieran registrar desvíos a las campañas de candidatos en los tres niveles de gobierno.

“¿Qué medidas va a implementar la Secretaría de la Función Pública para evitar que en los estados y municipios continúe la opacidad y siga siendo fuente de corrupción?”

El titular de la SFP insistió que hay convenios con los estados para llevar a cabo auditorías de los fondos federales y al detectarse desvíos se fincan las acciones correspondientes.

Previo a ello, Vega Casillas expuso que los procesos electorales para renovar mil 549 puestos de elección popular en el ámbito federal, estatal y municipal pondrán a prueba la capacidad del Gobierno federal para que, conjuntamente con los demás Poderes de la Unión, aseguren “el imperio de la Ley y la vigencia de una sólida ética democrática”.
Por ello, subrayó, debemos ser intolerantes ante cualquier forma de corrupción que, además de lesionar la integridad del servicio público, rompa las reglas de equidad y de ética del proceso electoral.

“Y por ende, evitar que en los procesos electorales los recursos públicos, ya sean materiales, financieros o humanos, sean utilizados a favor o en contra de algún candidato o partido político”.

Recordó que el pasado 9 de diciembre el Presidente Felipe Calderón presentó el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, como una propuesta de política pública del Estado mexicano, que ataca sus causas y no solamente sus síntomas. “Este programa contempla al blindaje electoral como uno de sus principales objetivos”.

Ante los legisladores, Vega Casillas informó que se han iniciado los trabajos del Programa de Blindaje Electoral del 2009, en la coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade, en donde se establece una agenda que abarca el antes, durante y después del proceso electoral.

Explicó que dicho programa contiene acciones preventivas hacia la Administración Pública Federal y para programas sociales. “Esto es: transparentar el uso y aplicación de los programas sociales, así como informar a sus beneficiarios sobre la forma de obtener estos beneficios y su no condicionamiento con fines electorales”.

Asimismo, no puedo omitir la colaboración que la secretaría ha hecho con la Fepade para establecer acciones categóricas para evitar actos de corrupción en las entidades federativas con procesos electorales.

Reconoció que uno de los problemas recurrentes será el apoyo que algunos servidores públicos podrían brindar a los partidos políticos, por falta de información, por ignorancia de las normas o con plena conciencia de la ilegalidad de su conducta.
Al respecto, dijo, la Función Pública ha puesto en marcha “el ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones”. Esta publicación fue conceptualizada no sólo como un documento informativo, sino como un instrumento de capacitación y de reflexión para los servidores públicos.

En ella se plantean casos prácticos para su análisis y discusión, también se describen conductas potencialmente irregulares calificadas como “focos rojos” en las que no se debe incurrir para no ser acreedor a una sanción.

El “ABC” también constituye un elemento muy importante para reforzar la acción de la contraloría social en la vigilancia de las acciones y los programas sociales.

En éste, los ciudadanos encontrarán información precisa sobre los delitos electorales, así como de los mecanismos de que disponen, especialmente los telefónicos, para presentar sus quejas, denuncias o propuestas sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos.

Concluyó que la democracia en México requiere de elecciones equitativas, en las que todas las opciones políticas puedan presentarse ante los ciudadanos en igualdad de condiciones.

“No vamos a permitir que se vulnere la construcción de nuestra democracia, por la actitud irresponsable de quienes esquivan la ley desde el servicio público para favorecer sus intereses político-electorales”.

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