La Comisión de la Función Pública, que preside el diputado Benjamín González Roaro, aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución, a efecto de regular los salarios de los servidores públicos.

A dicho dictamen, que anteriormente había aprobado la Comisión de Puntos Constitucionales, se le realizaron algunas modificaciones para especificar en el artículo 127 que los préstamos y créditos no forman parte de las remuneraciones, siempre y cuando estén establecidos en alguna ley o contrato colectivo de trabajo.

Al dar lectura al documento, González Roaro dijo que con las reformas se busca fijar constitucionalmente un tope al sueldo máximo anual y conformar un equilibrio entre la realidad económica de los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben los gobernantes.

En el dictamen, la Comisión de la Función Pública coincide en la necesidad de establecer un marco constitucional respecto de los salarios que perciben los funcionarios públicos.

“Debe existir un tope máximo a las remuneraciones de los servidores públicos, pero eso no significa que deba llegarse a ese tope máximo, sino que sea un referente que permita hacer operativa la reforma para que no existan simulaciones”.

Además, se considera que la reforma constitucional obedece a la grave polarización de los ingresos entre la población.

González Roaro señaló que será hoy o mañana cuando envíe el dictamen a la Mesa Directiva para que se integre al orden del día de las próximas sesiones.

“El dictamen tendrá que regresar al Senado con todas las modificaciones, tanto las que se hicieron en la Comisión de Puntos Constitucionales como en la de la Función Pública; se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados y, una vez que se apruebe, se enviará al Senado para que rectifique estas correcciones”.

Modificaciones a la Ley de Obras Públicas

Durante la reunión, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprobaron modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para permitir a quienes presentan proyectos a las dependencias públicas, puedan concursar para ejecutar la obra.

Anteriormente, se prohibía, “lo cual ocasionaba que muchas veces se detuvieran o hicieran mal, debido a que el ejecutor de la obra no conocía todas las determinaciones del proyecto; ahora podrán concursar en las mismas circunstancias que otros empresarios”, explicó.

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