• Existen casos en que el M.P. debió pronunciarse por la inimputabilidad, cita punto de acuerdo

La Comisión de Justicia, que preside el diputado César Camacho Quiroz, aprobó el dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República informe sobre los programas y acciones de capacitación que lleva a cabo la institución para la atención apropiada de personas con discapacidad.

Refiere el dictamen que quienes presentan mayor vulnerabilidad en la procuración de justicia son aquellos que tienen una discapacidad intelectual, visual o auditiva, ya sea como infractores de un delito o como infractores de una norma penal.

Se subraya en el documento que la Secretaría de Seguridad Pública reporta que hay por lo menos 11 mil 852 personas con discapacidad internas en centros de readaptación social.

“La anterior pone de manifiesto la falta de sensibilidad y profesionalismo del Ministerio Público para hacer un diagnóstico adecuado, a fin de pronunciarse sobre la inimputabilidad como excluyente de responsabilidad penal”.

Agrega que abundan los casos en los que personas con discapacidad intelectual son utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos contra la salud.

Por eso, la Comisión consideró que es fundamental el apoyo a este sector de la población para que se encuentren en igualdad de condiciones ante la ley, por lo que es muy importante que se diseñen reformas legales, a fin de garantizar su acceso efectivo a la justicia.

Delitos contra el patrimonio cultural

En otro asunto, este órgano legislativo avaló un dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República información relativa a los programas, acciones y resultados en el combate de los delitos contra el patrimonio cultural de la nación.

En el documento se menciona que el comercio ilegal de bienes culturales es el tercero o cuarto delito más frecuente en el ámbito internacional después del narcotráfico y el tráfico de armas.

Se agrega que los estados, particularmente del sureste y occidente, son los que registran una mayor incidencia de saqueo arqueológico y que dichos bienes “tienen como destino principal Estados Unidos, Japón y países europeos, donde llegan coleccionistas particulares, así como de museos privados y estatales”, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“Este problema ha generado una serie de convenios internacionales en los últimos dos años, mismos que han permitido la recuperación de cerca de 300 piezas”.

Se enfatiza que los bienes culturales representan parte de nuestra historia e identidad, por lo que es primordial su cuidado, así como la persecución de los delitos en esta materia. “Sin embargo, desconocemos los programas y acciones que la PGR tiene para combatir el robo o daño de éstos”.

Se subraya que “sería importante contar con información precisa respecto de las estadísticas de los delitos en esta materia para establecer si realmente es necesaria la creación de una fiscalía especial o si los programas que se tienen han cumplido eficazmente con el combate de dichos delitos”.

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