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Boletín N°. 3973 Está abierta la Cámara de Diputados a toda discusión; no podemos vetar ningún tema: César Duarte

• Inauguró los Foros de Debate Catálogo de Delitos Graves, Cadena Perpetua y Pena de Muerte

El diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, inauguró los Foros de Debate Catálogo de Delitos Graves, Cadena Perpetua y Pena de Muerte, cuya finalidad es conocer las distintas posturas y opiniones sobre estos temas.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro señaló que la Cámara de Diputados no puede, de ninguna manera, vetar ni prejuiciar ningún tema, “estamos al servicio del país, abiertos a toda discusión y dispuestos a escuchar a la población.

“Como representantes populares debemos estar atentos a los reclamos sociales, sentir sus necesidades más apremiantes y sus prioridades, para así actuar en consecuencia en bien de los intereses superiores de la nación”.

Al inaugurar el evento, Duarte Jáquez aseguró que las conclusiones del foro aportarán propuestas concretas para reformar el marco normativo en materia de seguridad para así poder dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado.

“Esperamos recopilar un amplio y rico acervo propositivo, plural e incluyente que coadyuve a nuestros trabajos legislativos para entender el sentir de la población y convertir sus demandas en leyes que protejan y beneficien a las grandes mayorías”.

Diferentes sectores se han manifestado por reestablecer la pena de muerte, agobiados por el crecimiento de los índices de inseguridad, generados por la delincuencia organizada que ha incurrido en secuestro, homicidio y extorsión, entre otros delitos.

“La sociedad mexicana está lastimada y ante esta realidad millones de mexicanos se pronuncian por medidas mucho más drásticas; el sistema penitenciario que no rehabilita, sino estimula en muchos de los casos la delincuencia y el sistema de justicia prejuiciado por la sociedad en su efectividad”.

De igual forma indicó que otros sectores han manifestado que la pena de muerte no soluciona el problema de la inseguridad, sino una profunda modificación al sistema de impartición de justicia, así como las normas que regulan la organización y funcionamiento de los aparatos de seguridad en nuestro país.

Señaló que para abolir la pena de muerte en 2005, la Cámara de Diputados consideró que los derechos humanos, incluido el derecho fundamental a la vida, constituyen el objetivo primordial de la organización política de las sociedades modernas y que para reducir los delitos deben suprimirse las causas económicas y colectivas que determinen la incubación del crimen.

“Sociólogos y criminólogos concluyen que la criminalidad sólo se puede reducir mediante la atención de las causas que impulsan al individuo a agredir a sus semejantes; entendemos que la pena capital ya ha sido derogada; sin embargo, en el actual escenario social se enfrentan situaciones apremiantes en virtud de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país”.

Afirmó que el Estado tiene la responsabilidad de buscar e implementar las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad social de sus habitantes.

“Por ello y por tratarse de un tema tan polémico y controversial, la Comisión Permanente aprobó la realización de los Foros de Debate Catálogo de Delitos Graves, Cadena Perpetua y Pena de Muerte, con el fin de que se expresen los especialistas, los diversos sectores sociales involucrados en estas materias, así como representantes de los tres órdenes de gobierno”.

Se convocó con criterio de pluralidad y representatividad a académicos, intelectuales, universidades, procuradores, representantes del Poder Judicial de los estados, legisladores, sociedad civil y funcionarios de gobierno, cuidando el equilibrio entre quienes están a favor y en contra de este tema a discutir.

Cada persona, aseguró, será escuchada con atención, con respeto y tolerancia, independientemente de su posición en cuatro mesas de trabajo: Cadena Perpetua y la Pena de Muerte; la Revisión del Catálogo de Delitos Graves y Propuestas para su Reforma; la Visión de la Sociedad Civil y el Sistema Penitenciario; la Eficiencia en la Impartición de Justicia en México, Visión de los Responsables.

“Por tratarse de temas neurálgicos, que resultan sumamente sensibles para la sociedad en su conjunto, daremos una amplia difusión a los trabajos de este foro a través de diversos medios de comunicación”.

Destacó que las conclusiones de cada mesa del foro se depositarán en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y serán remitidas a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales para que las procesen según corresponda.

“Estaremos atentos a las diversas opiniones en pro y en contra, pues sabemos que sus propuestas estarán plenamente fundadas tanto jurídica, como política y socialmente.

“Dejo en sus manos esta difícil tarea, seguro de que sus propuestas coadyuvarán de manera importante en los trabajos legislativos de esta LX Legislatura y que sean sobre todo para el bien de la nación”, concluyó.

En tanto, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, reconoció que la impunidad y corrupción en el sistema de justicia son factores que inciden en el incremento de delitos graves y que para sancionar y corregir estas conductas se deben tener los límites que impone el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Dijo que en el combate a la impunidad corresponde a los Poderes Ejecutivo y Judicial, procurar e impartir justicia impecablemente, y al Legislativo hacer que la ley garantice tal impecabilidad, “imponiendo al ejercicio del poder el respeto absoluto de los derechos establecidos”.

“Debemos reconocer que el sistema de justicia es perfectible, tiene fallas, deficiencias y conductas reprobables por parte de autoridades. La impunidad y corrupción son producto de tales irregularides, pero no es la concepción del sistema la que es incorrecta sino su aplicación”, señaló.

Cabeza de Vaca agregó que el problema no son las penas establecidas para las conductas socialmente reprobables sino su incumplimiento. “No lo es el planteamiento de nuestro sistema penitenciario, sino la violación de sus normas”.

En este escenario se pronunció por establecer un sistema de justicia que “subsane el agravio y la indignación que la sociedad siente ante la impunidad”; que imponga penas acordes a los delitos, severas, si lo ameritan, pero que den certidumbre a la impartición de justicia.

“Qué le importa el tipo de pena a quien espera eximirse de la justicia. La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible unido con la esperanza de impunidad”.

En su oportunidad, Gerardo Gil Valdivia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que para abatir la delincuencia en México se requiere de un sistema de procuración y administración de justicia eficaz y policías profesionales.

“Las propuestas e iniciativas que buscan una salida fácil a la situación que vive el país no hacen más que retrasar la verdadera solución de los problemas”.

En representación del Ombudsman nacional reiteró que no sirve incrementar penas cuando el 99 por ciento de delitos no se castigan. Aseguró que la lucha contra la inseguridad pasa por acabar con la impunidad y por la plena vigencia del Estado de derecho.

Señaló que la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, pues la delincuencia organizada ha demostrado que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado, con actos extremos, aterrorizando a la población, lo cual ha provocado que se discuta la posibilidad de reestablecer la pena de muerte, ante la dificultad de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar los ilícitos.

La indignación social va en aumento, dijo, y en la CNDH comprendemos este malestar, llevamos años señalando las deficiencias de los encargados de la seguridad pública a través de nuestras recomendaciones, cuyo incumplimiento ha empeorado la situación y postergar provoca el aumento considerable de la criminalidad y de sus formas crueles e inadmisibles de actuación y ejecuciones.

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