• El subsecretario de Desarrollo Social se reunió con diputados de la Comisión Especial para el Proceso Electoral 2009

La Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009 se reunió con el subsecretario de Desarrollo Social, Luis Mejía Guzmán, para conocer las medidas adoptadas por la dependencia a fin de evitar que los programas sociales sean utilizados con fines electorales.

El presidente del órgano legislativo, Antonio Soto Sánchez (PRD), refirió que en la historia contemporánea del país, los programas sociales han sido utilizados de forma recurrente por los gobiernos estatales, municipales y federales para beneficiar a candidatos y partidos políticos.

Por ello, se pronunció a favor de que los recursos y programas de la Secretaría de Desarrollo Social se apliquen correctamente y sin tintes partidistas a los más de 35 millones de mexicanos empadronados.

Ante el cuestionamiento de los legisladores Francisco Melo Velázquez (Convergencia), Alma Edwviges Alcaraz y Gerardo Escaroz Soler, del PAN, así como Mónica Fernández Balboa (PRD), en torno al blindaje de los programas y el número de funcionarios sancionados por delitos electorales, el subsecretario de la Sedesol afirmó que la política social ha cambiado y hoy es de las más escrutadas.

Mejía Guzmán dijo que por las medidas de seguridad aplicadas, es casi imposible alterar los padrones de los programas sociales, no obstante, reconoció que puede haber desvío de recursos para fines ajenos a su naturaleza, “pero a la fecha no ha sido consignado un solo servidor público”.

En sus respuestas recordó que en enero de 2008, la Secretaría de Desarrollo Social firmó el compromiso del blindaje electoral y en diciembre de ese mismo año signó también un convenio con el Instituto Federal Electoral (IFE) para capacitar a funcionarios de los tres niveles de gobierno y evitar los delitos electorales.

Dijo que la situación que vivirá el país en los próximos días, con motivo del proceso electoral, se vuelve “apetitosa” para que los gobiernos traten de apropiarse de los programas sociales para beneficiar a los partidos políticos, específicamente, a los candidatos de éstos.

Destacó que la Sedesol determinó tres ejes de acción en el marco del blindaje electoral. El primero, educar y capacitar a los funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno para que eviten incurrir en delitos electorales.

En este sentido, explicó que la dependencia, en coordinación con el IFE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), han capacitado a 11 mil 195 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en torno a contraloría social, ética, valores, educación cívica, reforma electoral y delitos en esta materia.

Otros 12 mil 926 integrantes de la sociedad civil, de 23 estados de la República, han recibido la misma instrucción; además de que se han creado campañas de difusión que incluyen manuales ciudadanos, trípticos y dípticos y 10 mil códigos de conducta y de transparencia.

La diputada Alma Edwiges Alcaraz abordó el tema de las reglas de operación de los programas sociales. Dijo que éstas no pueden estar al capricho de los gobiernos de los estados, los cuales utilizan los apoyos con fines electorales.

Mencionó que existen más de 400 programas estatales y mil 300 en los municipios, que son aprovechados con fines partidistas. “México está entre las 12 sociedades más desiguales del mundo y mientras la pobreza exista, seguirá habiendo espacios para la corrupción y la opacidad”.

El subsecretario de Desarrollo Social aceptó que hay una gran cantidad de programas sociales en las entidades y ayuntamientos que carecen de reglas de operación, por lo que es una de las tareas de la dependencia vigilar que los recursos no se desvíen para otros fines ajenos a su naturaleza.

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