La Comisión de Economía, que preside la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, validó el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar medidas legalmente oportunas y aplicables para contener el incremento a los precios de los productos básicos y de servicios.

En el documento, que será sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, también se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que verifique que los proveedores de bienes y servicios respeten los precios máximos establecidos.

Al respecto, el Centro de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara reportó que de diciembre del 2007 a diciembre del 2008, los precios de los alimentos se incrementaron 10.5 por ciento, mientras que el nivel general de precios aumentó sólo 6.53 por ciento.

También señaló que a partir de diciembre del 2005 hasta diciembre del 2008, el incremento acumulado de los precios de los alimentos se estimó en 24.86 por ciento, mientras que el incremento acumulado del nivel general de precios fue de 15.01 puntos porcentuales.

Entre los alimentos que presentaron estos incrementos están el arroz, galletas populares, harina de trigo, masas y harinas de maíz, pan blanco, pan de caja, tortillas de maíz, aceite y grasas vegetales comestibles, huevo, leche en polvo, leche evaporada, condensada y maternizada, leche pasteurizada y fresca, café tostado, frijol, puré de tomate, sopas enlatadas y gelatina en polvo.

En el dictamen de la Comisión se concluye que “controlar los precios debe seguir un procedimiento legal aplicable únicamente a los mercados cuya estructura no permite el funcionamiento pleno de la competencia. Sin embargo, se comparte la preocupación de velar por la economía familiar”.

Se menciona que, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensable para que una persona o familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de sus ingresos económicos.

Se agrega que la Profeco es la encargada de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones legales sean determinadas por las autoridades competentes.

En este sentido, subraya, la LFCE contempla un procedimiento para que el Estado controle precios, protegiendo y promoviendo el proceso de libre competencia y libre concurrencia, dicho procedimiento es utilizado como un mecanismo aplicable sólo para mercados cuya estructura no permite el funcionamiento pleno de la competencia.
---ooOoo---