El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada (365 Votos) el dictamen a la minuta que reforma los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Carta Magna, en materia de regulación de salarios a servidores públicos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió: “Estamos en momentos en los que se puede producir un verdadero divorcio entre la sociedad y las autoridades constituidas, porque una buena parte de las autoridades en México parecen preocupadas únicamente en lograr su beneficio y no el del pueblo”.

Con esta reforma, subrayó, se constituirá un nuevo sistema de salarios para todos los servidores públicos que tenga como tope máximo el salario del titular del Poder Ejecutivo, mismo que determinará la Cámara de Diputados cada año.

“Incluye no sólo a los servidores públicos que surgen del voto popular sino a todos los integrantes del gabinete presidencial, de los estados y ayuntamiento, así como organismos autónomos; con ello estamos respondiendo a un reclamo de amplios sectores de la sociedad mexicana”.

Dijo que la aprobación es el camino correcto para que la clase política se acerque a la ciudadanía y se pronunció porque “pronto resolvamos el problema de la corrupción y avancemos en la solución de los problemas económicos”.

En tanto, el diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez señaló que las modificaciones fortalecen los mecanismos para la rendición de cuentas.

Subrayó que “es imposible prescindir de una adecuada remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y acorde con la realidad nacional que permita crear un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes”.

Refirió que bajo el sistema federativo “los funcionarios públicos no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, ni improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley le señala”.

En tanto, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz enfatizó que es inconcebible el altísimo contraste entre la concentración económica de la riqueza en 30 familias, comparado con poco más de 40 millones de habitantes situados en la línea de pobreza extrema.

Agregó que se deja atrás el criterio netamente empresarial de percepciones de quienes consideran que en el sector público se debe ganar al menos lo mismo que se percibe en el sector privado. “Éste es un criterio erróneo que deriva de desconocer que el trabajo para el Gobierno es servir a la sociedad desde el ámbito del sector público”.

Al enunciar su voto a favor, el diputado José Manuel del Río Virgen manifestó que aún se tiene que trabajar en retirar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República “que ofenden y agravian a los que menos tienen”.

“Queremos dejar claro que los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y, por supuesto, el Presidente de la República tienen que transparentar absolutamente todos sus ingresos, todos, de una vez por todas. Que sepamos los mexicanos cuánto ganan, cuánto les pagan, para que luego les sirvan mal”.

Por su parte, el diputado Alfredo Ríos Camarena, resaltó que la aprobación del dictamen no es un triunfo del Congreso, sino del pueblo de México “que ha tenido un clamor indescriptible frente a la actitud de los salarios ignominiosos que ofenden a una nación empobrecida”.

“Se hizo mucho trabajo en la construcción de estas reformas. Todos los partidos finalmente teníamos que aceptarlo porque esto sigue siendo un tema que avergüenza por la ignominia que representa que haya servidores públicos que ganen 300 y 400 mil pesos mensuales, mientras el salario mínimo no corresponde a lo que dice la Constitución en el 123, de que sea suficiente.

“Se violan las garantías individuales de los trabajadores con ese salario mínimo injusto que sólo exhibe la impudicia de una miseria total por un sistema absolutamente injusto, como es el que se ha aplicado a través del neoliberalismo en este país”.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano dijo que también se regula, junto al salario mínimo, el régimen de liquidaciones para frenar los excesos cometidos cuando al finalizar sus cargos, múltiples funcionarios han recibido liquidaciones desproporcionadas, sean de elección popular o sean de la administración pública”.

Por su parte, el diputado José Francisco Melo Velázquez se pronunció por la eliminación de otras leyes injustas que afectan la economía del pueblo y el diputado Mario Enrique del Toro alertó que los ayuntamientos, con su autonomía, van a tener todavía esta facultad de poder asignarse salarios.

“Si el tope máximo es el salario del Presidente de la República, un salario para regidor, en cualquiera de esos municipios, de más de 100 mil pesos sigue siendo excesivo y sigue siendo escandaloso”.
Por su parte, el diputado Carlos Alberto Torres Torres destacó que existe, por fortuna, una ciudadanía cada vez más atenta a los asuntos públicos y en particular, más vigilante del desempeño de los gobernantes en todos los niveles de responsabilidad.

Con las reformas ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Se devolvió al Senado para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
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