En el segundo día de los Foros de Debate: Catálogos de delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte, especialistas y catedráticos subrayaron que es necesario hacer una revisión integral, pero no sólo para incrementar las penas, sino la racionalidad de su creación y la proporcionalidad en su aplicación.

En su intervención, la diputada María del Carmen Pinete Vargas, secretaria de la Mesa Directiva, manifestó que ante el clima de inseguridad que ha generado la delincuencia organizada, las instituciones nacionales deben servir de mecanismos para combatir este problema.

Informó que las propuestas y conclusiones del foro se harán llegar a las Comisiones de Justicia, Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, así como a la Junta de Coordinación Política para elaborar un documento que se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados.

“Como representantes del pueblo estamos atentos a sus reclamos sociales, a sus necesidades más apremiantes y a sus prioridades para actuar por el bien de los intereses de la nación y de las familias”.

En tanto, el magistrado presidente del Décimo Tribunal Colegiado, Jorge Ojeda Velázquez, expresó que la fuerte punibilidad para ciertos delitos podría ser la solución inmediata para pretender acabar con la delincuencia, pero esto nos llevaría a caer en el “terrorismo penal”, en la imposición de la pena capital.
“Es verdad que en tiempos de anomia, alarma social o guerra, igual que los precios de los bienes y servicios, también aumentan los índices de criminalidad; pero no debemos olvidar que el reino del terror y de la anarquía, no es sólo aquél donde falta una ley, sino también aquél donde ésa supera los límites de la proporción en el intento de parar las manos a los delincuentes”.

Por su parte, Alejandro Carlos Espinosa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, expresó que “es difícil aceptar que la simple adecuación de una conducta, que desde luego es transgresora social, repulsiva y malsana, puede merecer 998 años de prisión por la participación de un hecho delictivo”.

“No pretendo que confundan esta palabras con la justificación del hecho sino que identifiquen una sentencia de esta desproporción como un insulto a nuestro intelecto, por sensacionalista; tenemos que graduar las lógicas de punición”.

Señaló que es indispensable una cultura de la legalidad, pero advirtió que ésta debe ser al amparo de la transparencia, rendición de cuentas y la aplicación del derecho penal democrático y se pronunció porque el sistema penal deje de ser un instrumento al servicio del poder, a fin de garantizar la protección de los bienes jurídicos de los gobernados.

En tanto, Rafael Ruiz Mena, secretario general de Profesionalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, aseguró que el déficit de 50 mil espacios en el sistema penitenciario se debe principalmente por la restricción excesiva a la garantía de presunción de inocencia.

“Pareciera que queremos gobernar este país a golpe de código penal tipificando una gran cantidad de conductas que en principio no tendrían que ser ni siquiera delitos y mucho menos acarrear la prisión preventiva”.

Advirtió que es necesario evitar caer en la tentación de señalar como graves a la mayoría de los delitos y se pronunció por establecer un catálogo que delimite los tipos penales para no hacer nugatorio el principio de presunción de inocencia.

“Prácticas de política criminal han provocado un abuso en la tipificación de ciertas conductas como penales, no se puede gobernar a golpe de código penal ni se puede establecer que toda conducta es delito”.

José Luis Izunza Espinosa, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, manifestó que lo que la sociedad demanda es la efectiva prevención del delito, que se logrará sólo con la oportuna aplicación de la ley y dijo que “es ineficaz la prevención cuando a unos se les aplica la ley y a otros no, en supuestos idénticos”.

Enfatizó que la impunidad no es responsabilidad exclusiva de los órganos constitucionalmente facultados para la investigación y persecución del delito o de los encargados de juzgarlos, sino que también se derivan del quehacer legislativo al generar normas de difícil aplicación y configuración.

Consideró que la aplicación de la pena de muerte o la cadena perpetua no es pertinente por las deficiencias del sistema penal.

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