La Cámara de Diputados someterá a votación del Pleno reformas al Código Penal Federal, con el objeto de aplicar sanciones de tres días a 10 años de prisión a quien robe en escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas.

El dictamen de la Comisión de Justicia, que preside el diputado César Camacho Quiroz, destaca que debido a que las escuelas son patrimonio de todos, el robo en ellas amerita establecer medidas adecuadas para castigarlo.

Se indica que cuando las instituciones de enseñanza se ven despojadas de mesas de trabajo, pupitres, escritorios, sillas, balones, archiveros, equipos de cómputo o de sonido, o de cualquier accesorio, el daño que se ocasiona a la comunidad escolar es de dimensiones invaluables, ya que se les impide a los estudiantes desarrollarse en diversos ámbitos, como la investigación científica y tecnológica.

La reforma impulsada por el diputado Ariel Castillo Nájera (Nueva Alianza) precisa que en los últimos años México ha registrado un preocupante aumento en los índices de robo en todas sus modalidades y con diversas agravantes, al grado que, junto con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, es el delito que con mayor frecuencia se comete.

Menciona que este tipo de robo constituye particularmente un delito que causa daño profundo en las personas, porque afecta de manera directa, y muchas veces irreparable, su patrimonio.

El documento, que ya fue presentado en primera lectura, destaca que las escuelas no han sido la excepción en la proliferación de la delincuencia dedicada al robo.

Lo anterior, debido a que los delincuentes han encontrado en las instituciones educativas un lugar para cometer despojos, por lo que el patrimonio de los centros escolares está en la mira de los delincuentes, de tal forma que el equipo y el material didáctico que forman parte de ellas, cada vez son más un botín.

Por ello, con las reformas al artículo 381 Bis del Código Penal Federal se busca que el robo en escuelas se considere dentro de las modalidades que merecen sanciones adicionales, ello como una forma de aplicar mayor castigo a quien cometa acciones delictivas que menoscaben el patrimonio de los centros escolares, así como una forma de reconocer la importancia de la educación en la vida nacional y contribuir a generar las mejores condiciones para su desarrollo.

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