De acuerdo con la Cuenta Pública 2007, el Instituto Nacional de Migración (INM) demostró falta de control para vigilar los flujos migratorios, ya que dos millones 529 mil 458 personas quedaron en el país de manera ilegal.

El documento de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, precisa que el INM solamente registró la entrada de 21 millones 617 mil 436 personas y la salida de 19 millones 087 mil 978, por lo que tal diferencia se debe a esa falta de control.

Menciona que el INM no dispuso, por punto de internación, del registro de salida de los 19 millones 087 mil 978 extranjeros que dejaron el país en 2007, y se detectó que aproximadamente 2.8% (1 mil 658) del número total de asegurados (58 mil 482) son reincidentes.

Por lo que añade que ni el Instituto ni la Policía Federal Preventiva (PFP) establecieron programas de coordinación para vigilar los puntos fronterizos del país, a fin de preservar la seguridad y soberanía.

Asimismo, puntualiza que la Policía Federal Preventiva detuvo a 58 mil 482 extranjeros que entraron al país sin la documentación exigida por la ley.

Resalta que el impacto de la fiscalización es que se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 293 miles de pesos, ya que el INM no realizó la conciliación de los registros presupuestales con la Secretaría de Gobernación.

El Instituto, destaca, no alcanzó sus objetivos de dotar de infraestructura de tecnologías de la información a la operación sustantiva y disponer de un servicio automatizado de registro, control y operación; ni se consolidó el sistema nacional de información migratoria, y no se definieron ni aplicaron indicadores para evaluar el objetivo de alentar y promover los flujos humanos que beneficien al país.

La auditoría del desempeño de las acciones en materia de inmigración señala que para proteger los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos orientó sus acciones principalmente a los extranjeros que se internan de manera no documentada; sin embargo, no programó las acciones que efectuó en los puntos de internación donde ingresaron los inmigrantes en forma documentada.

El INM aplicó multas por 30.4 millones de pesos a 24 mil 406 extranjeros que incumplieron con la Ley General de Población, ello sin que el instituto tuviera conocimiento de la conformación de los fondos con motivo de los ingresos por estos conceptos.

Respecto a las multas a inmigrantes no documentados, se constató que el INM dejó de imponer sanciones por cinco mil pesos a cada extranjero que se internó al país de forma indocumentada, de los que se registraron 128 mil 298 casos.

Así como de sancionar e imponer multas a aquellos extranjeros que siendo expulsados reingresen al país sin contar con el acuerdo de readmisión, que en 2007 fueron 1 mil 658 casos, los que se internaron de dos a cinco veces en forma no documentada.

El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación considera que el INM, la SRE, la PFP y la CNDH no conjuntaron estrategias y esfuerzos para cumplir de manera razonable el objetivo de la política pública de favorecer el desarrollo económico, social y cultural del país; preservar la seguridad y soberanía nacionales, y respetar los derechos de los migrantes.

Por ello, la UEC señala que la política migratoria sigue siendo uno de los temas relevantes en la agenda nacional, no sólo por la importancia que tiene el flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos, sino por los movimientos de internación ilegal que registra el país.

“Es de la mayor importancia que el resultado de esta auditoría pueda analizarse a la luz de la reforma migratoria que se busca y que a la fecha sigue pendiente”, enfatiza.

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