Al enfatizar que la reforma constitucional en materia de salarios máximos es una herramienta para la reducción del gasto corriente, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, advirtió que de no aprobarse la respectiva ley reglamentaria antes de noviembre no tendrá efectos en el presupuesto de 2010.

El diputado destacó que en la Cuenta Pública 2007 se identificó que para infraestructura sólo se destinaron 400 mil millones de pesos, frente al billón 200 mil millones de pesos que se canalizaron al gasto corriente.

Subrayó que ante el deterioro de las finanzas públicas como consecuencia de la recesión económica y la emergencia sanitaria es necesaria una política pública de austeridad y que el Ejecutivo federal tiene que reconocer que son elevados los recursos que se utilizan para sostener a la administración.

“Habría que hacer un llamado a todas las instituciones a que reconozcamos que el país vive un momento complejo y que todos estamos obligados a ser solidarios para reducir este rubro que año con año sigue creciendo.

“La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto y está en condiciones, no de imponerle al Ejecutivo federal una política pública de austeridad en la aplicación del gasto corriente, pero sí para proporcionarle elementos que reviertan esta tendencia”.

Explicó que la reforma constitucional que prohíbe a los servidores públicos tener salarios superiores al del Presidente de la República es uno de los mecanismos para transparentar el gasto público.

“Antes se entregaba el salario de un funcionario y se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, pero lo que no se conocía era una serie de bonos, compensaciones y prestaciones que aparecían disfrazados y que finalmente se convertían en la parte sustancial de los ingresos de los servidores públicos”.

Agregó que ese problema está a punto de terminarse porque en el presupuesto del 2010 se tiene que presentar el salario bruto, acompañado de todas las prestaciones, pero la próxima legislatura tendrá que elaborar y aprobar la ley reglamentaria correspondiente para que esto suceda.

“Es parte de la agenda que recibirá la próxima Legislatura para que las disposiciones constitucionales recientemente aprobadas tenga efectos y pueda aterrizarse para el PEF 2010, que se aprueba en noviembre”, señaló.

Ortega Martínez reiteró: “Lamentablemente las finanzas públicas se están descomponiendo porque en los primeros meses del año regresamos, de nueva cuenta, a ser un país que recurre al crédito internacional”.

Añadió que la emergencia sanitaria y la recesión económica obligan a revisar el presupuesto aprobado para el 2009, a fin de reducir los egresos en rubros no prioritarios, así como para sentar las bases para reducir el gasto corriente del próximo presupuesto.

“Esto implica que junto al endeudamiento para completar los ingresos es necesario ajustarse el cinturón. La burocracia y el servicio público deben hacer un esfuerzo por gastar de manera eficiente y hacer a un lado los gastos innecesarios y superfluos”, concretó.

---ooOoo---