La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados la recuperación, hasta el 31 de marzo del presente año, de 33 mil 717 millones 800 mil pesos, derivado de la fiscalización de las cuentas públicas de 1999 a 2007, así como la promoción de 23 denuncias presentadas.

El reporte detalla que la ASF logró recobrar del Poder Ejecutivo, 26 mil 590 millones de pesos, de los cuales, 17 mil 220 millones 400 mil pesos, corresponden al sector Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, refiere, del sector energético se pudieron recuperar 4 mil 202 millones; de Comunicaciones y Transportes 2 mil 362 millones 100 mil pesos, en tanto que de los sectores Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Turismo, se salvaron montos de mil 87 millones 400 mil pesos y 491 millones 800 mil pesos, respectivamente.

Por lo que respecta a Seguridad Pública, el informe de la Auditoría Superior destaca que se recuperaron 447 millones, 400 mil pesos, correspondientes a la Policía Federal Preventiva (PFP); asimismo, 408 millones y medio, del IMSS. Por lo que respecta a Desarrollo Social se pudieron recobrar recursos por 134 millones 100 mil pesos.

La ASF informó que otros 6 mil millones 833 mil 600 pesos se recuperaron de los recursos transferidos a entidades federativas, municipios y delegaciones. Otros 277 millones, 400 mil pesos provinieron del Poder Judicial, en su mayoría (176 millones 400 mil pesos) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el documento se menciona que las recuperaciones devienen de la acción fiscalizadora y del ejercicio de las facultades de la ASF en materia de responsabilidades resarcitorias, y se refieren a procesos de fiscalización superior ya concluidos y conciliados, cuyos montos han sido reintegrados al erario federal. “Dichos recursos han sido utilizados para financiar diversos programas públicos”.

Agrega que derivado de la fiscalización superior, al 31 de marzo la ASF ha presentado 23 denuncias penales y administrativas ante los orgános y dependencias correspondientes.

En lo concerniente a la Cuenta Pública 2007, refiere el documento, se presentó denuncia en contra de funcionarios del ISSSTE por un daño de 8 millones 577 mil 500 pesos, al no poder solventar la irregularidad derivada de la auditoría número 567, en la que se detectó que en el juicio laboral número 292/2007, radicado en la Junta Especial número Diez, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“El Jurídico del ISSSTE no contestó la demanda, ni asistió a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, ocasionando que se condenara al Instituto a pagar al actor la cantidad arriba mencionada”, explica.

Otro caso es el correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Cuanta Pública 2006, cuyas irregularidades fueron por un monto de 9 millones, 552 mil 618 pesos.

Lo anterior, tras comprobarse el cumplimiento de dos contratos celebrados entre la SCT Oaxaca y la contratista “Arrendadora, Terracerías, Excavaciones y Caminos S.A. de C.V.”, para la construcción de dos tramos carreteros de la carretera San Ildefonso – Santa Cruz Zenzontepec, en el estado de Oaxaca, detectando que la contratista abandonó la obra y distrajo el anticipo que se le otorgó para la compra de materiales y construcción.

Señala que en la Cuenta Pública de 2005, Pemex Corporativo registró un daño de mil 724 millones 518 mil 939 pesos, lo que derivó en la presentación de una denuncia en contra del director general de la petrolera al comprobarse que dispuso de dichos recursos para cubrir compromisos de ejercicios presupuestales anteriores y entregárselos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En Pemex Refinación se registró otra irregularidad por 53 millones, 782 mil pesos.

Asimismo, la ASF recordó que en su momento presentó la denuncia correspondiente en contra del Comité Nacional Pro Vida, en la Cuenta Pública 2003, por un daño patrimonial de 30 millones 996 mil 552 pesos, mismos que fueron aplicados para fines ajenos al Programa de Centros de Ayuda para la Mujer.

Dicho informe se refirió también al denominado Pemexgate, en cuya auditoría de la Cuenta Pública de 2000 se estableció un daño económico por mil 421 millones, 149 mil 746 pesos. El estado procesal de la denuncia, refiere, es de tipo penal.

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