El diputado Antonio Vega Corona, presidente de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, destacó la necesidad de establecer una política pública nacional en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para impulsar la competitividad y eliminar las desigualdades que genera el avance irregular de estas herramientas.

Agregó que en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Día Mundial del Internet), el próximo 17 de mayo, es indispensable sensibilizar respecto a las posibilidades que su utilización pueda aportar a las sociedades y economías, como la reducción de la brecha digital.

A nivel mundial México ocupa el lugar 66 en materia de sociedad de la información; el 37 en materia de gobierno electrónico y 60 en competitividad, rubro que tiene una conexión con la utilización de las TIC.

Chile ocupa el lugar 41 en materia de sociedad de la información, lo que lo ha llevado al sitio 28 en competitividad; Corea tiene los lugares primero y 13 en cada rubro, y España el 21 y 29, respectivamente.

Algunos países, dijo, han elaborado como estrategia para desarrollar una sociedad de la información, la agenda digital elaborada con la participación de sectores público, privado, académico y social, que comprenda una visión de largo plazo con compromisos, metas y programas específicos que permitan medir los avances alcanzados.

Señaló que la desarticulada e insuficiente inversión en los sectores de este rubro ha ocasionado que cada año México pierda competitividad, al dejar que los ciudadanos nos enfrentemos a los competidores internacionales con herramientas obsoletas y menor información.

Explicó que en esta LX Legislatura la Comisión a su cargo impulsó la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que plantea la creación de una agenda digital con visión a 20 años y establecer cada sexenio, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la visión del gobierno en esta materia.

Además, un programa especial que englobe las acciones de la Administración Pública Federal en la materia y garantice su inclusión en los presupuestos de egresos anuales.

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