En 2007, los estados y municipios no aplicaron 2 mil 863 millones de pesos en materia de seguridad pública, destacó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Durante la segunda mesa de trabajo para analizar el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, “Estados y Municipios y Funciones de Gobierno. Desarrollo Social”, los diputados Antonio Ortega Martínez y Alma Edwviges Alcaraz Hernández, presidente y secretaria de dicho órgano legislativo, coincidieron en que la cuantificación monetaria por las irregularidades en las entidades federativas, ayuntamientos y delegaciones, superaron los 18 mil 867 millones 363 mil pesos.

El diputado Ortega Martínez (PRD) dijo que el marco de la revisión de la Cuenta Pública del primer año de gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, no podía ser más oportuno: discutir un tema central como es la seguridad pública.

La auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso el legislador, arroja varias conclusiones: en primer lugar, un mayor subejercicio de recursos que alienta el incremento de los delitos. “A menor presupuesto en estados y municipios, más delitos, a mayor número de policías, pero no bien capacitados y adiestrados, mayor delincuencia”.

Abundó que de acuerdo con el análisis, se pone de manifiesto la falta de coordinación entre las entidades federativas, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que ha detonado un mayor número de delitos y una escalada creciente de las acciones de la delincuencia.

“El resultado de la auditoría al Sistema de Seguridad Pública es grave; en materia de capacitación y armamento para el personal policiaco de las entidades y municipios se menciona que más del 50 por ciento de los policías de todos los niveles en el país, fueron calificados como no adiestrados”.

Mencionó que uno de cada cinco tiene una formación escolar inferior al nivel básico y sólo tres de cada 10 supera ese nivel.
La mayoría de los policías presentan sobrepeso de 10 a 15 kilos “y lo que parecía cómico, debe verse como un drama y una tragedia; nuestros policías no resisten un trote de más de 100 metros”.

Abundó que según la ASF, existe un alto porcentaje de policías que no gozan de buena salud y más del 14 por ciento presentó trastorno psicológico, lo que pone en riesgo a su entorno familiar, profesional y social.

“De los mecanismos de control de confianza sólo se aplicaron al 32.2 por ciento del total, es decir, cerca del 70 por ciento de los policías en este año no fueron sujetos a los mecanismos de control de confianza”.

En tanto, la diputada Alma Edwiges Alcaraz Hernández (PAN) destacó que las asignaciones presupuestales a los estados en materia de seguridad pública no se ejercieron a plenitud. “Los estados tenían que haber gastado 6 mil 652 millones de pesos, pero únicamente ejercieron 3 mil 789 millones y dejaron de gastar 2 mil 863 millones de pesos”.

La legisladora resaltó que fueron principalmente los estados de Michoacán, Morelos y Zacatecas, los que no aplicaron los recursos en materia de seguridad y ahora en este momento tienen uno de los problemas más graves.

En Michoacán, dijo, el subejercicio fue del 67.3 por ciento, teniendo uno de los índices delictivos más altos del país; Morelos es otro que en los últimos días se ha visto envuelto en controversias y que registra un porcentaje de subejercicio del 44 por ciento y Zacatecas, que tuvo un subejercicio del 36.8 por ciento, con un índice delictivo calificado por la ASF del 7 por ciento.

En cuanto al equipamiento para los cuerpos de seguridad pública, dijo, nuevamente Michoacán aparece en primer lugar, ya que dejó de gastar 7 millones 587 mil pesos; Zacatecas hizo lo mismo con 3 millones 670 mil y Morelos con 3 millones 859 mil pesos.

Recordó que en 2007, la Cámara de Diputados destinó para equipamiento de las corporaciones policiacas, 808 millones 619 mil pesos, de los cuales sólo se ejercieron 479 millones de pesos al cierre del ejercicio, quedando sin aplicar 328 millones.

También hizo referencia al hacinamiento en los Ceresos. Alcaraz Hernández dijo que de acuerdo con la ASF, en todo el país, la sobrepoblación asciende a 44 mil 699 presos, es decir, los Ceresos en 2007 estuvieron 21.8 por ciento por arriba de la capacidad instalada.

Destacó que los más sobrepoblados son los de Veracruz, Nayarit, Baja California, Estado de México y Distrito Federal, “esto representa indudablemente una bomba para nuestro país”.

La secretaria de la Comisión de Vigilancia resaltó el comparativo de la información que proporcionan las entidades contra la del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al tema de los procesados.

Indicó que mientras el informe estatal menciona que en total las entidades tienen procesados a 82 mil 569 personas, el Sistema Nacional de Seguridad reporta 139 mil 693 casos.

Citó como ejemplo, Chiapas, que reporta mil 679 procesados y el Sistema Nacional refiere dos únicamente. “Otro caso es Baja California, donde el informe estatal señala que hay 8 mil 307 procesados y el Sistema Nacional establece que son 50 mil 128; Zacatecas reporta 164 contra los 789 que aduce el órgano federal.

En este sentido, dijo que es urgente crear mecanismos que permitan unificar la información y que trabajen de forma coordinada los estados y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel Padilla, señaló que de acuerdo con el informe de la ASF, se resalta la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria, un deficiente manejo de los recursos y un estado de fuerza de los cuerpos policiales insuficiente en cuanto a su armamento, lo que constituye un factor que propicia el crecimiento de los delitos.

“La ASF determinó que la mayoría de las entidades federativas incumplieron los compromisos y metas pactadas en los convenios de coordinación celebrados entre la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos locales”, abundó.

En la reunión, el auditor especial, Roberto Saucedo, en representación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, hizo llegar la propuesta para que se le otorguen facultades al máximo órgano de fiscalización del país para aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Además, sugirió iniciar con mayor anticipación las auditorías y no esperar hasta la entrega de la Cuenta Pública y tener un programa de fiscalización preliminar que permita iniciar los trabajos en los primeros días de enero. “Con estas medidas vamos a atacar el nivel de corrupción que nos preocupa todos los mexicanos y que está repartida en los tres órdenes de gobierno”.

Refirió que la fiscalización tiene dos rumbos muy claros, atacar a la corrupción y hacer más eficaz al Estado mediante las auditorías.

Finalmente informó que el máximo órgano ha recuperado 33 mil millones de pesos, de los cuales tienen soporte documental y están en la página de Internet, 29 mil millones de pesos.

Al término de la mesa de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación informó sobre las conclusiones, mismas que se hará llegar a la Auditoría Superior para el mejoramiento de sus funciones y nuevas facultades, producto de las recientes reformas.

Entre éstas destacan la solicitud para que se realice una nueva auditoría a los recursos del Fondo de Seguridad Pública (Foseg) 2008, al igual que al programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

A su vez, implementar auditorías a los sistemas de recaudación fiscal en estados y municipios, impulsar iniciativas de reforma para fortalecer la fiscalización y establecer reglas de operación en el ejercicio y fiscalización superior en el ramo 33, así como agregar indicadores que permitan realizar la evaluación de las acciones.

Realizar un análisis profundo de cada uno de los fondos que integran el ramo 33, ya que desde su creación, desde 1997 no han sido evaluados, con el objeto de actualizar y reorientar sus objetivos, estrategia y ver su utilidad, costo y beneficio en los estados.

Reestructurar la fórmula de distribución de estos recursos del ramo 33; mejorar los convenios celebrados entre la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para un mejor control del ejercicio de los recursos, así como el intercambio de la información.

---ooOoo---