Diputados demandaron al Ejecutivo federal solicitar al Gobierno de Estados Unidos el cese de aplicación de herbicidas en los límites del Río Bravo, por parte de la Patrulla Fronteriza.

Los legisladores Horacio Garza Garza y Miguel Ángel González Salum, del grupo parlamentario del PRI, señalaron que recientemente la Patrulla Fronteriza implementó un proyecto de aplicación de herbicida para combatir la flora acuática conocida como carrizo, ante la presunción de que sirve de escondite para los braceros.

En este sentido, las autoridades estadounidenses efectuarían la aplicación del tóxico en una extensión de terreno al margen del Río Bravo, en las inmediaciones de Laredo, Texas, y tan sólo a unos metros de una de las tomas de agua de abastecimiento municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Garza Garza indicó que de acuerdo con la opinión técnica emitida por la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, el herbicida que pretende aplicarse, denominado glifosfato o imazapair, en altas concentraciones debe mantenerse fuera de drenes, colectores y vías de aguas.

Pese a las observaciones, dijo, el herbicida se aplicaría a 600 metros de la captación de la planta potabilizadora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no obstante que las recomendaciones preventivas señalan que debe ser a un margen de 800 metros, “circunstancia que entraña un riesgo evidente, por ser el Río Bravo la fuente de abastecimiento de agua para uso y consumo humano de más de un millón de habitantes de la zona ribereña”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Salum precisó que en el Río Bravo existen once captaciones para el suministro de agua potable, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, lo que ha generado una justificada preocupación social en la frontera mexicana, por la aplicación de dicho herbicida.

Además, abundó, resulta preocupante que de acuerdo al proyecto de aplicación, se pretenda hacer de forma aérea, corriéndose el eminente riesgo de que los componentes químicos se dispersen por el efecto del viento, lo que implica un grave peligro si se toma en consideración que pruebas realizadas por la Universidad de California, demostraron que el glifosfato o imazapair puede extenderse en una aérea de hasta 400 metros durante la aplicación terrestre y de 800 metros en la aérea.

“Algunas instituciones de carácter internacional como la Organización Mundial de la Salud, han clasificado al herbicida de referencia como un producto extremadamente tóxico para la salud humana”, dijo.

Consideró que si la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo y la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, no cuentan con la información técnica oficial de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entonces se vuelve doblemente inaceptable.

Por ello, dijo el legislador del PRI, al no contar las autoridades estatales y municipales, con los resultados de los estudios técnicos en los que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales basaron su anuencia para la implementación de este proyecto, se presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que el Ejecutivo federal solicite la cancelación de la aplicación de herbicida, mismo que fue enviado a la tercera comisión.

“Si dicho proyecto, por su naturaleza, entraña probables riesgos de impacto negativo en la salud y el ecosistema de la ciudadanía de aquella región y, al no contarse hasta el momento, con evaluaciones fehacientes que justifiquen y garanticen la inocuidad de las consecuencias, solicitamos al Ejecutivo federal que exija el cese de la aplicación de cualquier tipo de herbicida por parte de la Patrulla Fronteriza en los límites del Río Bravo”.

Asimismo, para que la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos y las autoridades de los Estados Unidos correspondientes no apliquen, ahora ni posteriormente, ningún tipo de herbicida en los límites fronterizos sin tomar en cuenta a las agencias ambientales de los estados correspondientes.

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