• Faltan médicos especialistas y enfermeras: diputada Leyva Piñón

De enero de 2000 al mismo mes de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró casi 12 mil quejas contra los servicios de salud, en específico por la falta de médicos especialistas y personal de enfermería.

Así como ausencia de capacitación para realizar diagnósticos eficientes; falta de infraestructura hospitalaria e insuficiencia de camas, medicamentos e instrumental, señaló la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón.

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social dijo que la CNDH reveló que los quejosos reportan dilación en estudios, conducta discriminatoria hacia pacientes, maltrato, negligencia y deficiente atención durante el embarazo.

Subrayó que las reformas a la legislación en materia de salud han sido insuficientes o de plano irrelevantes para enfrentar los retos y las carencias del país, además de que los recursos públicos para la salud se han mantenido igual o incluso menores al tres por ciento del Producto Interno Bruto.

La diputada expresó que datos de 2007, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refieren que México es el que menos gasta de entre sus 30 miembros, con 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto.

Mientras que el gasto por habitante es de 307 dólares, el más bajo en este grupo de países, cuando el promedio es de mil 999 dólares, es decir más de 6.5 veces por arriba nacional.

Leyva Piñón precisó que en infraestructura hospitalaria México cuenta con 0.8 camas por cada mil habitantes, cuando el promedio de los miembros de la OCDE es de cuatro, dado que países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Belice tienen más de una cama de hospital por cada mil habitantes.

Ante ese panorama, se pronunció para que se reforme el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política a efecto de garantizar la universalidad de la protección a la salud y las condiciones en que debe darse; delimitar la obligación estatal en la materia, sus facultades y la constitución de un sistema único de salud con mecanismos de financiamiento solidarios y equitativos.

Resaltó que la indebida prestación del servicio de salud es contraria al derecho de toda persona a la prolongación y al mejoramiento de su calidad de vida, a la conservación y disfrute de condiciones de salud.

La legisladora puntualizó que este panorama demuestra la necesidad de asumir el tema de la protección a la salud desde una óptica integral. Además, de dotar a esta atención de un presupuesto suficiente, para atender los rezagos acumulados, la necesidad de rediseñar el derecho a la salud como una garantía exigible, con criterios determinados desde el texto constitucional y acorde con las recomendaciones internacionales.

Mencionó que se debe determinar de manera clara y explícita la responsabilidad del Estado en esta tarea y las directrices para el financiamiento de los servicios, así como la garantía del acceso universal a la protección a la salud.

“Una reforma constitucional en materia de salud como la propuesta, permitiría reestructurar el sector salud para darle dinamismo y funcionalidad a un sistema que actualmente opera con duplicidades, centralizado, con recursos escasos y sin políticas rectoras”, enfatizó.

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