Al participar en el foro "La impartición de Justicia en el Distrito Federal, avances y autonomía", diputados, magistrados y funcionarios se manifestaron por la plena autonomía de los tribunales del Poder Judicial, para que puedan ejercer sus funciones específicas con plena independencia, sin quedar sujetos a ningún otro poder.

El presidente de la Comisión del Distrito Federal, diputado Ramón Félix Pacheco Llanes, señaló que un tribunal sin autonomía no puede gozar de libertades para impartir justicia cabalmente, o en su caso, lo hará con muchas dificultades.

La autonomía de un tribunal, añadió, es fundamental para que haya plena libertad al juzgar e impartir justicia; incluye aspectos como el administrativo, financiero, político y jurídico, e implica que no haya dependencia del Poder Ejecutivo.

Del mismo modo, cuestionó que si ante la crisis más grave en los últimos 30 años de desempleo y caída de la producción nacional, se debe aplicar la norma constitucional para exigir la rectoría del Estado en la planificación de la economía nacional o seguir por el libre mercado.

Al referirse al incendio en una guardería de Hermosillo, Sonora, manifestó su preocupación de que si el Estado puede eludir su responsabilidad constitucional y “dejar que prevalezcan leyes secundarias de corte neoliberal, lo que significa impunidad garantizada”.

Pacheco Llanes indicó que es por ello que se vuelve más necesario reflexionar sobre la impartición y procuración de justicia en la ciudad capital y en el resto de la República, dado que la ciudadanía día a día reclama que se apliquen las normas pero con justicia; “esta última suele olvidarse, lamentablemente”.

Una de cada tres denuncias en la CDHDF es contra un servidor de la PGJDF

A su vez, el primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del D.F (CDHDF), José Cruz Lavanderos Yáñez, subrayó que se requiere de un sistema de justicia cuyas normas y órganos sean congruentes con los principios que deben de regir en un Estado democrático.

Lamentó que falte mucho por hacer con el sistema de justicia del país y en particular del Distrito Federal, pues este panorama le provoca gran desconfianza a la ciudadanía, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal constituye una autoridad clave en el sistema de justicia de la Ciudad de México.

Lavanderos Yáñez abundó que para la CDHDF, la Procuraduría es una de las autoridades que históricamente provoca más denuncias de violación por parte de quienes habitan y transitan en el D.F, ya que una de cada tres denuncias que se reciben es en contra de un servidor de la PGJDF.

Ejemplo de ello, detalló, es que en el 2006, la PGJDF tuvo 2416 menciones contenidas en las quejas de presuntas violaciones de derechos humanos, y en el 2007, fueron 2760, lo que representó un incremento del 14.2 por ciento.

Presupuesto, talón de Aquiles

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, solicitó a la Cámara de Diputados se suscriba un límite mínimo de porcentaje dentro del Presupuesto de Egresos para esa dependencia.

“No se puede hablar de autonomía judicial si dicho poder no cuenta con la más elemental de las libertades: la sujeción presupuestal, que es y seguirá siendo el gran talón de Aquiles de cualquier reforma de justicia que se emprenda”.

El magistrado también exhortó al Congreso a impulsar una Constitución para el Distrito Federal; argumentó que se necesita un documento jurídico superior que “dé presencia y solución, pues el híbrido jurídico-político que ahora existe no puede continuar por más tiempo”.

Aumentaron los expedientes en trámite de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

En su oportunidad, Jesús Campos Linas, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dijo que es de vital importancia pugnar para que todos los tribunales laborales actúen con plena autonomía.

Resaltó que en los últimos años la crisis ha impactado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje mediante la disminución de su presupuesto, pues en términos relativos ha sido menor al autorizado a los órganos de la Ciudad de México.

Dicho impacto, añadió, se observa por el incremento sustancial de los expedientes en trámite, pues a mayo de 2009, en la Junta Local del D.F existían 65 mil 535 expedientes en trámite.

Autonomía, condición necesaria

José Armida Reyes, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, señaló que los órganos autónomos son muestra indiscutible del proceso de democracia del Estado; “aun cuando por su naturaleza misma éstos resultan ajenos a la estructura tradicional del Estado resulta innegable su importancia y trascendencia dentro de la vida social”.

El magistrado refirió que si bien los órganos autónomos cuentan con poder de decisión sobre el destino de su presupuesto, ello no implica la libertad de administrarse sin apego a alguna normatividad contable gubernamental, toda vez que lo que se ejerce es el gasto público y por ende se debe cumplir con una rendición de cuentas clara que refleje el resultado del ejercicio de la actividad.

“Es importante considerar que la autonomía de la gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria y fundamental para los órganos autónomos para que éstos puedan ejercer sus funciones específicas con plena independencia, sin quedar sujeto a ningún otro poder”, aseveró.

Por desconfianza en la autoridad no se denuncia

Por su parte, el presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Óscar Guerra Ford, dijo que no hay confianza en la procuración de justicia, dado que la quinta encuesta sobre inseguridad dice que 79 por ciento de las personas que padecieron un delito no asistieron a denunciar, por lo que sólo el 21 por ciento sí lo hizo.

En el país el promedio de averiguaciones previas no iniciadas sobre delitos denunciados es del 87 por ciento, y el Distrito Federal se ubica sobre la media, en un 88 por ciento, afirmó.

Guerra Ford recordó que los motivos por los cuales los ciudadanos no denuncian son por la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. “La mitad de las personas, por estas dos razones, no denuncian los delitos”.

El acceso a la información y la transparencia, destacó, no son la panacea a esta problemática, pero pueden contribuir y coadyuvar a generar una mejor confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

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