Al participar en el foro “La impartición de Justicia en el Distrito Federal, avances y autonomía”, el procurador general del D.F, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que la reforma constitucional que realizó la LX Legislatura al sistema penal es un esquema violento y agresivo, pero es un esbozo que se tiene que trabajar para disminuir la actividad delictiva.

En el evento, organizado por la Comisión del Distrito Federal, el funcionario destacó que en esa reforma constitucional hay una parte que poco se comenta y que es muy dura, la cual consiste en la inclusión de la palabra de delincuencia organizada y que representaba una preocupación de varias áreas del sistema penal.

“Si revisamos la reforma vamos a encontrar más de una decena de veces el tema de delincuencia organizada: yo no recuerdo que tengamos los tipos penales definidos desde la Constitución, pero bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de qué es lo que se busca con esto, pues evitar un juicio de amparo, ya que no podemos alegar de inconstitucional algo que está previsto en la Carta Magna”.

Mancera Espinosa puntualizó que con esa reforma se trata de crear un sistema más fuerte, agresivo, violento y un derecho penal duro; aunque actualmente hay dos derechos penales coexistiendo: el que se aplica a los delincuentes comunes y corrientes, y otro que se emplea a los que hacen del delito su forma de vida.

Tales modificaciones, abundó, tienen una doble intención, sobre todo en una serie de iniciativas, que buscaron dejar plasmado en la Constitución Política un nuevo sistema de enjuiciamiento.

El sistema acusatorio o de juicios orales, añadió, quedó reflejado en varios artículos que dieron cuenta a los principios de inmediatez y presunción de inocencia, ello, dado que no había un artículo que dijera, “eres inocente hasta que se demuestre lo contrario; hoy ya está planteado”.

Respecto a la Ley Federal contra el Secuestro, dijo que tendrían que incluirse mecanismos de delincuencia organizada, dado que no es posible que los estados tengan que combatir delitos federales o delitos que pudieran tener esquemas de competencia federal pero sin los instrumentos que sí se permiten para la Federación.

En cuanto a su trabajo al frente de la procuraduría del D.F, puntualizó que cuando inició su labor se tenía un rezago en el aérea de dictaminación de auxiliares de más de 70 mil averiguaciones previas, pero “ya se está al día; por lo que podemos decir que ese rezago está abatido”.

Si no se atacan de fondo las cuestiones económicas, no se va a poder ejercer la impartición de justicia

Benito Mirón Lince, secretario de Trabajo y Fomento del Empleo del Gobierno del Distrito Federal, resaltó que en el primer trimestre de 2009, a nivel federal, la tasa de subempleo aumentó 60 por ciento en los últimos doce años, y ahora representa el 12 por ciento de la población económicamente activa; mientras que en la informalidad hay 12.1 millones de personas.

En la Ciudad de México, indicó, se produce el 22 por ciento, que asciende a dos billones 463 mil millones de pesos del Producto Interno Bruto; posee el 10 por ciento de la población económicamente activa del país y tiene el 10 por ciento de las empresas que existen y el mayor grado de estudios de la población.

“A nuestro juicio se ha abandonado la parte productiva, el impulso al mercado interno y la generación de empleo a cambio de una fijación que tiene que ver con el equilibrio de las finanzas públicas, el control de la inflación y el tipo de cambio, es decir una política que no ve hacia el mercado interno; por lo que decimos que en la materia no vemos la impartición de la justicia por ningún lado”.

Precisó que si no se atacan de fondo las cuestiones económicas del país, no se va a poder ejercer la impartición de justicia, a pesar de que tengan mucha autonomía los órganos. “Podemos tener una impartición muy efectiva, pero sin embargo siempre vamos a estar rebasados; si queremos un verdadero sistema tenemos que resolver la parte general para luego aterrizarla y así ser más efectivos en nuestros órganos de justicia”.

Mirón Lince expresó que en términos de impartición de justicia cuando se cuestiona si se conoce a México, se debe responder, “sí lo conozco, pues son tantos millones de personas que viven con menos de un salario mínimo; son cuatro muertes diarias que ocurren en el país por accidentes y por riesgos de trabajo, y en el D.F, fallece un trabajador cada seis días por ese motivo”.

Puntualizó que la tasa de desempleo de la capital del país ha bajado, debido a los programas que ha implementado el gobierno del D.F, como el seguro del desempleo. Aunque dijo que “lo que va a resolver el problema de fondo, es la parte productiva pero ante las circunstancias no queda más que buscar los apoyos inmediatos y reactivar el mercado interno”.

Muchas mujeres no llegan al sistema judicial o retiran los cargos porque no confían en su imparcialidad y eficacia

En tanto, la directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Mícher Camarena, destacó que el acceso a la justicia para las mujeres no ha sido sencillo, toda vez que los problemas estructurales de las instancias públicas, las prácticas discriminatorias, la repetición de estereotipos sociales, culturales y religiosos, han impedido el pleno ejercicio de este derecho.

Agregó que en todo el país, cuando son víctimas de algún delito, muchas mujeres no llegan al sistema judicial o retiran los cargos porque no confían en su imparcialidad y eficacia; “temen que una vez interpuesta la denuncia, si no existen medidas de protección adecuadas, sean objeto de nuevas agresiones, incluso más violentas”.

“No es mentira, las mujeres tienen mucho miedo de denunciar porque sienten que inmediatamente van a ser víctimas de represalias a su familia, generalmente por parte del agresor”.

Resaltó que de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es urgente fortalecer las políticas de prevención de los abusos y las diversas formas de violencia institucional perpetrada por autoridades estatales en contra de las mujeres durante el proceso judicial.

Asimismo, refirió que dicho organismo señala que la policía de los estados no cumple plenamente con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia contra actos inminentes.

Recordó que en algunas entidades y en el Distrito Federal se han modificado normas penales para sancionar la violencia de género.

Mícher Camarena concluyó que garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, salvo para investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir la impunidad.

El Poder Judicial requiere autonomía

Por otra parte, Margarita Darlene Rojas Olvera, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F, se pronunció por la autonomía del Poder Judicial, ya que dijo que requiere de independencia que garantice la absoluta imparcialidad en sus resoluciones, así como de recursos para hacer frente a la demanda social de impartición de justicia.

“En un país como el nuestro en donde los índices de pobreza y desigualdad son altos, hacen falta mecanismos para que la población de menores recursos pueda acceder en condiciones equitativas a los tribunales; la falta de acceso a justicia contribuye a generar una discriminación jurídica”.

La Consejera Jurídica y de Servicios Legales del D.F., Leticia Bonifaz Alfonzo, al referirse a las faltas cívicas en la Ciudad de México, se manifestó por cambiar los hábitos como la del desperdicio de agua; mal manejo de la basura en los hogares y en la vía pública, así como en el incumplimiento del reglamento de tránsito.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Lauro Jonathan Sol Orea, señaló que es en el Distrito Federal en donde se presenta el mayor grado de autonomía de los organismos públicos, y que eso se debe principalmente a una coordinación entre los entes de gobierno.

Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que se requiere que en el Poder Judicial no haya intromisión constitucional de parte del Ejecutivo.

“Se necesitan jueces, magistrados y ministros en los que no se pueda fincar la menor duda de su capacidad intelectual, ni de su autonomía de los otros poderes, pero, además, detenten una independencia en las entrañas propias del poder en el que actúan”.

Al clausurar el foro, el subsecretario de Políticas Públicas de la Ciudad de México, Alberto Esteva Salinas precisó que este evento es el inicio de muchas reflexiones que se harán en el gobierno del D.F., y en los estados, dado que este material son llamadas de atención.

“Hay una sensación de falta de justicia en el país en distintos niveles, y no tiene que ver únicamente con el tema de la autonomía y el suficiente recurso para el Poder Judicial, sino con voluntad, compromiso social y vocación de servicio, así como identidad en el país”.

En tanto, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, diputado Ramón Félix Pacheco Llanes hizo un reconocimiento a los participantes y dijo que sin la autonomía presupuestal de los órganos jurisdiccionales, es muy difícil aspirar a una independencia real de las instituciones que ejercen la impartición de justicia.

Destacó que ninguna de las instituciones el Gobierno del D.F manifestó estar satisfecho con los avances, “casi todos reflejan la intención de tener procesos de mejora continua que se manifiesten en una justicia más incluyente para los ciudadanos”.

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