• Responde la Procuraduría General de la República a un punto de acuerdo que le envió la Cámara de Diputados

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Cámara de Diputados que en la actualidad existen un total de 85 averiguaciones previas por el delito de violación a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En respuesta al punto de acuerdo en el que se solicita a la PGR información respecto a los programas, acciones y, en su caso, resultados del combate de los delitos contra el patrimonio cultural de la nación, ésta señaló que ha creado un área exclusivamente dedicada a la investigación de los delitos relacionados contra el robo y tráfico de bienes culturales.

En el documento se explica que para ello se conformó un grupo dentro de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales integrado con agentes del Ministerio Público, el cual se encarga de realizar dichas investigaciones en cualquier parte de la República.

Asimismo, se informa que se contempla al tráfico de bienes culturales como fenómeno global, ya que es realizado por grupos organizados dedicados al robo, comercialización y exportación de arte, entendiendo el fenómeno como una de las actividades delictivas que mayores ganancias dejan a los traficantes en el mundo.

Si dichos bienes son localizados fuera del país se establece coordinación inmediata con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por la vía diplomática y por la asistencia jurídica internacional se realicen las acciones necesarias para el aseguramiento y repatriación de dichos bienes, así como también la acreditación y la probable aplicación penal de quien resulte responsable.

En este sentido, la PGR destaca que una vez que se tiene conocimiento de que existe un bien cultural robado en territorio nacional, se realizan las averiguaciones respectivas que lleven a su aseguramiento y aplicar las sanciones correspondientes a las personas que se ven involucradas en este delito federal.

De igual forma, precisó que se trabaja para crear un catálogo nacional de bienes culturales robados, debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sólo cuenta con un inventario parcial que no incluye muchos de los objetos sustraídos, sobre todo de arte sacro y piezas arqueológicas, ya que resulta una herramienta indispensable para la investigación y recuperación de éstos.

Respecto a las acciones preventivas que se están tomando precisó que éstas se dan a conocer a la sociedad a través de pósteres, cartelones y trípticos proporcionados por la Dirección General de Comunicación Social de la PGR y en donde se estipulan las sanciones que se aplican a las personas que se involucren es estos delitos.

Hay que precisar que el pasado 21 de abril, el Pleno Camaral aprobó un punto de acuerdo impulsado por el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (PAN), quien señaló que el comercio ilegal de bienes culturales “es un delito lamentablemente frecuente, en donde los estados, particularmente del sureste y occidente del país son los que registran una mayor incidencia de saqueo arqueológico, según datos del INAH”.

Se menciona en el documento que los bienes culturales son propiedad de la nación y representan parte de la historia e identidad, por lo que es primordial su cuidado, así como la correcta persecución de los delitos en esta materia, y que sin embargo se desconocen las acciones que la PGR tiene para combatir el robo o daño de estos bienes culturales.
Indica que sería importante contar con información precisa respecto de las estadísticas de los delitos en esta materia para establecer si realmente es necesaria la creación de una fiscalía especial o si los programas que se tienen han cumplido eficazmente.

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