• Coinciden diputados en legislar sobre este aspecto específico

• La protección del acervo nacional debe ser estratégica: especialistas

Al participar en el foro “La Protección Legal del Patrimonio Cultural”, la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (PRI) señaló que los vacíos jurídicos en la legislación sobre la preservación de los bienes nacionales han permitido una serie de arbitrariedades que afectan el patrimonio histórico.

La secretaria de la Comisión de Cultura añadió que los legisladores, las instituciones, los gobiernos y todos en general le han dado muy poca importancia al tema de la protección del patrimonio nacional, “pero el gran vacío se ubica en el papel que juega la ciudadanía en la preservación”.

En esa materia, subrayó, los gobiernos han fallado, por lo que se pronunció para que la siguiente legislatura haga una reforma que atienda no solamente la parte jurídica sino la social, a efecto de construir una conciencia ciudadana que permita conocer la importancia de asumir una actitud de respeto y de preservación hacia el patrimonio.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (PRD), secretaria de la misma Comisión, se manifestó a favor de un mecanismo organizado que sensibilice a la población sobre la riqueza cultual nacional, pues dijo que “existe gran ignorancia entre los ciudadanos en la materia”.

Agregó: “Si no nos organizamos con acciones interinstitucionales y no promovemos la educación en los valores culturales va a ser difícil salvaguardar el patrimonio; debemos involucrarnos todos, participemos o no en la política, o de otra manera vamos a perder nuestra identidad”.

Por Nueva Alianza, Blanca Luna Becerril precisó que no solamente a través del endurecimiento de penas es como se va a detener el saqueo y el deterioro en muchas de las zonas arqueológicas y ciudades patrimonio de la humanidad.

María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (PAN) detalló que no se trata únicamente de revisar la actual legislación para fortalecer la protección de los bienes culturales, sino analizar temas como la divulgación, apropiación, restauración y, por lo tanto, la definición del patrimonio como objeto de uso económico o como arte esencial de la identidad nacional.

Explicó que la intención del foro es darle voz a todos los que están involucrados en el tema, a efecto de “dejar como precedente a la siguiente legislatura que se tienen que oír las diferentes voces antes de buscar cualquier reforma”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Cultura, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, dijo que en esta LX Legislatura se han construido los acuerdos para establecer dentro de la agenda nacional a la cultura como una prioridad, situación que ha permitido contar con presupuestos mucho más extensos a los que originalmente se habían previsto y propuesto.

Hemos aprobado, resaltó, una reforma que genera un cambio sustantivo en la materia cultural, dado que se integran a las garantías individuales aspectos fundamentales como el acceso a la cultura, el respeto a la diversidad cultural, a la libertad creativa y una serie de condiciones para que la LXI Legislatura elabore una ley que permita construir el futuro que los mexicanos exigen que debe de tener la cultura dentro del quehacer político, económico y social.

A su vez, Yolanda Cano Romero, representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estableció que la protección cabal del patrimonio requiere el establecimiento de normas de carácter general y permanente que modifiquen la figura jurídica de la propiedad privada, para que se respeten de manera puntual y definitiva las modalidades establecidas en la ley antes de abrir zonas o monumentos al turismo.

“En consecuencia, se propone la modificación del párrafo tercero del artículo 27 constitucional, para que se faculte al Estado a dictar medidas para proteger, conservar, restaurar y recuperar el patrimonio cultural en términos reales y efectivos”.

Subrayó que la falta de claridad y apoyo constitucional en muchas de las experiencias reales han tenido como consecuencia un gran número de juicios de garantías que no tendrían razón de ser, si la Constitución determinara de forma específica las modalidades en materia de monumentos y zonas arqueológicas.

La especialista declaró que en el supuesto que el ciudadano propietario de un monumento o que viva dentro de una zona declarada patrimonio cultural conociera los límites y alcances de ley, se disminuiría la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades en su aplicación.

La arquitecta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Teresita Miravete Barrio, señaló que para lograr una mayor protección del patrimonio se requieren acciones institucionales y la aplicación de normas legales para sensibilizar a la sociedad sobre el tema.

El patrimonio cultural, agregó, es documento y testigo del devenir histórico del país y de cada uno de las sociedades que conforman la diversidad cultural, “razón por la cual es importante y sustancial su conservación”.

Subrayó que la preservación del patrimonio edificado ha ocupado un lugar secundario en las políticas implementadas por la federación y los estados, de ahí que se considere inaplazable establecer acciones que redunden en su cuidado y protección.

“Es necesario que el Estado mexicano aplique y apruebe una legislación sobre la planeación, así como la aplicación de las convenciones, cartas y tratados internacionales para lograr una verdadera defensa del patrimonio cultural”, abundó.

Jesús Sánchez Sánchez, especialista del INAH, acotó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es una normatividad específica cuyo sustento jurídico-legal se establece por efecto de sus actividades, “por lo que no puede ser modificada por el simple parecer de los diputados, por un simplista argumento de que fue expedida hace 30 años y eso obliga a actualizarla”.

“Todo intento de modificación deberá respetar la esencia de la ley, en cuanto a que pretende garantizar la protección y conservación física y los valores históricos hereditarios que residen en el patrimonio arqueológico e histórico; es decir, los bienes nacionales inscritos en el sistema educativo nacional como instrumentos de conocimiento”.

Refirió que las reformas deberán respetar el fortalecimiento del INAH, tanto como institución de investigación como organismo encargado de la custodia y conservación del patrimonio cultural, que requiere de instrumentos jurídicos apropiados para cumplir sus funciones en sus tres ámbitos de acción.

Estas reformas, abundó, “darán los mecanismos que faciliten a dicha dependencia en su labor de prevención de acciones nocivas al patrimonio cultural por parte de personas o entidades públicas y privadas, al tiempo de proporcionar a todos los sectores de la sociedad la información de indispensable respecto a la protección y conservación del patrimonio cultural”.

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