El presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, propuso reformas a la Ley Agraria del 26 de febrero de 1992, con el objeto de actualizarla, así como plantear y dirigir una inmensa cantidad de recursos nacionales inmovilizados hacia la producción de alimentos y materias primas para la población, en razón de la crisis agrícola mundial.

Se busca, dijo, reconocer la personalidad jurídica de los ejidos y de las comunidades, dictando medidas de protección para su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas, buscando paralelamente el fortalecimiento de los órganos internos.

Duarte Jáquez indicó que la iniciativa recoge las inquietudes de competitividad que debe tener el núcleo agrario en México, mismo que representa una enorme superficie en el territorio nacional. “Vemos con tristeza los contrastes de la enorme riqueza; hay tierras con enormes riquezas, pero que tienen una enorme pobreza acentuada ahí mismo”.

Precisó que al regular y darle herramientas a los ejidos con una visión empresarial de competitividad, así como certeza jurídica y que la propiedad social tenga la capacidad para asumir al crédito, es darle instrumentos fundamentales para la competencia.

La iniciativa, recordó, representa un trabajo de más de tres años, por lo que “regular el manejo de las tierras es un tema fundamental, para que tengan competencia y competitividad los grandes ejidos del país”.

Ante el pleno de la Comisión Permanente, subrayó que se fortalece la vida comunitaria a través de medidas sobre el asentamiento humano y regulación de los aprovechamientos productivos de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

Ello, impidiendo la concentración de tierras, asegurando los derechos individuales de los miembros del núcleo, determinando las formas de promoción de la población de las zonas urbanas, y estableciendo el desarrollo de las tierras, propiedad de los núcleos agrarios.

César Duarte precisó que se plantea el fomento de la agricultura, ganadería y silvicultura, a efecto de evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Del mismo modo, abundó, se dispone el desarrollo de la pequeña propiedad rural y las formas de promoción del desarrollo rural y agrario; se fijan instancias de jurisdicción voluntaria para el avenimiento de diferencias suscitadas por la tenencia o el aprovechamiento agrario.

Subrayó que se crea un título denominado “De las Autoridades Agrarias”, a efecto de definir las atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, fortaleciendo sus márgenes de maniobra en las funciones que hoy están dispersas en el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el Fondo de Fomento Ejidal y la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Además, se atribuyen las funciones de desarrollo rural que hoy tiene la Secretaría de Agricultura, vinculándolas al impulso de los núcleos agrarios y de la pequeña propiedad; de planeación agraria y de desarrollo rural; se asienta la potestad jurisdiccional de los Tribunales Agrarios.

Se establece, abundó, que la personalidad jurídica constitucional de los núcleos agrarios deberá ser admitida por las instituciones financieras y bancarias para propósitos crediticios y que la Secretaría pondrá en marcha mecanismos de garantía en los créditos alcanzados.

El diputado destacó que se reconoce la capacidad de los núcleos para constituir en garantía crediticia el usufructo de su tierra; se le encomienda a la Secretaría y las instituciones financieras apoyar a los núcleos agrarios para la obtención prioritaria de productos estratégicos.

Con la reforma se determina que los núcleos agrarios tendrán un reglamento emitido por la Asamblea y su contenido mínimo; se protege a la propiedad e integridad de las tierras y aguas del núcleo agrario y se reconocen sus destinos; se regulan los contratos que se celebren sobre las tierras de uso común o las parcelas.

También se norman las permutas entre titulares de derechos agrarios; es autorizado el usar el usufructo de la tierra como garantía para obtener créditos; es fijado el límite máximo de superficie para un mismo sujeto agrario.

La iniciativa que fue turnada a la Comisión de la Reforma Agraria y que suscribe también el diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI) fija que el gasto e inversión en el sector se haga sujetándola a los calendarios agrícolas; instituye un fondo de garantía líquida y otro de reconversión de tierras y perfecciona la calidad jurídica de la Ley.

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