De acuerdo a cifras oficiales, entre 1997 y 2006 la proporción de adolescentes que utilizaban anticonceptivos disminuyó de 45 a 39 por ciento; asimismo, en la última década la edad promedio en el que las mujeres comienzan su vida sexual descendió de 17 a 16 años.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) destacó que en el 2006 al 12 por ciento de las mujeres mexicanas que solicitó dotación de anticonceptivos en algún centro de salud le fue negada; sólo el 55.4 por ciento de las mujeres tuvo acceso a un método quirúrgico, el 16 a la distribución y colocación de Dispositivo Intrauterino; el 11, tuvo acceso a hormonas y el 8, a la dotación gratuita de condones.

Advierte que la población en edad reproductiva no tiene acceso a métodos de anticoncepción, ni la garantía de recibir preservativos gratuitos a través de los organismos del sector público de salud, por lo que enfrentan graves riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y tener embarazos no deseados.

Enfatiza que la mala atención brindada a las mujeres indígenas es alarmante, pues el que muchas de ellas no hablen español dificulta su acceso al sistema de salud, aunado a la escasez de servicios y también son víctimas de la esterilización forzada.

Datos de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México (CNMIM) ha señalado que mujeres indígenas tzotziles y tzetzales del estado de Chiapas, amuzgas, náhuatl y tlapanecas, del estado de Guerrero, han tenido ligaduras de trompas inmediatamente después de su parto, sin información previa.

Además, las promotoras de salud en comunidades indígenas han mencionado ser presionadas por enfermeras y funcionarias para convencer a las mujeres a aceptar esta práctica; sin embargo, esto se reproduce en todas las regiones del país y no se limita a las indígenas.

Señala que con la planificación familiar se puede reducir la tasa de mortalidad materna e infantil al permitir que las mujeres planifiquen y espacien sus embarazos, además de evitar los no deseados.

Precisa que ésta es efectiva como estrategia de reducción de la pobreza, al romper el nexo entre una alta fecundidad y la pobreza extrema.

Se argumenta que los embarazos debidamente espaciados aumentan la supervivencia infantil ya que así las madres pueden invertir más recursos y tiempo en sus hijos; además permiten a las madres recuperar su salud y evitar complicaciones, tales como la anemia durante su siguiente embarazo.

Ante ello, la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, impulsó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Salud a que implementen un programa de planificación familiar que permita el ejercicio libre y pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, poniendo especial atención a los grupos vulnerables.

En el documento se plantea que a pesar de contar con un marco jurídico para la aplicación de programas de planificación familiar, en los hechos no es una realidad; por lo que se hace urgente y necesario que las autoridades den cumplimiento a la ley y realicen acciones para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, poniendo especial atención en grupos vulnerables.

-- ooOoo --