• Pretenden que se evite el uso ilícito de plásticos

En México se cometen fraudes con tarjetas de crédito y débito por 70 millones de dólares al año; en la mayoría de los casos son los usuarios quienes absorben el costo de éstos, puesto que no existen mecanismos jurídicos que los protejan ante esta clase de delitos.

Por ello los diputados Emilio Flores Domínguez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Gerardo Priego Tapia solicitaron que el Banco de México, dentro de las reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de las tarjetas de crédito, incluya disposiciones relativas a los requisitos mínimos para brindar seguridad a los tarjetahabientes y reducir el uso ilícito de éstas.

Los legisladores indicaron que a pesar los avances técnicos en cuanto al diseño de los plásticos y los dispositivos electrónicos, el desarrollo de la tecnología utilizada por la delincuencia organizada pone de manifiesto que esto no es suficiente para evitar fraudes.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente mencionan que el 27 por ciento de la población tiene una cuenta bancaria en alguna institución financiera; circulan alrededor de 25.3 millones de tarjetas de crédito y 56.9 millones de débito otorgadas por instituciones financieras, tiendas departamentales y de autoservicio.

Puntualizan que aunado al volumen de tarjetas bancarias en circulación, vale la pena destacar que la sociedad de consumo en la que vivimos ha utilizado como palanca de desarrollo de la economía estos instrumentos crediticios, puesto que generan mayor circulación de capital y contribuyen a la continuidad del ciclo de mercado.

Los legisladores resaltan que las propias autoridades encargadas de tutelar los derechos de los usuarios de servicios financieros han reconocido que el pedir una identificación oficial para cotejar las firmas de los usuarios es responsabilidad de los comercios, dado que no existe ningún ordenamiento jurídico que así lo estipule y sobre todo sancione y establezca responsabilidades para quienes no lo hagan y provoquen la comisión de un fraude.

Precisaron que derivado del cobro de las tarjetas o plásticos, “la exigencia de contar con mayores medidas de seguridad y garantía de inviolabilidad de los plásticos no parece fuera de lugar y resulta incluso una demanda atendible para las instituciones financieras”.

De ahí que se le pida al Banco de México incluyan disposiciones relativas a los requisitos mínimos para brindar seguridad a los tarjetahabientes y reducir el uso ilícito de éstas.

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