Con el propósito de armonizar el marco jurídico mexicano con los instrumentos internacionales contra la tortura, el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una iniciativa que plantea aumentar las penas a los servidores públicos que cometan este delito, hasta a 15 años de prisión.

Advirtió que la tortura por parte de agentes del Estado se ha incrementado bajo el argumento de la lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado.

Ha habido una deliberada intención de vincular la lucha anticriminal con los conflictos políticos y sociales que también han sido enfrentados por el Estado, lo cual coloca a los presuntos delincuentes y a los mexicanos en general, ya sean inocentes o culpables, en extrema condición de vulnerabilidad, subrayó.

Agregó que se han incrementado las denuncias por la comisión de este delito de lesa humanidad en estados de la República donde se han desplegado operativos conjuntos de las instituciones de seguridad pública federal y estatales y las fuerzas armadas, en los que servidores públicos y militares justifican violaciones a derechos humanos con el argumento de la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico.

La iniciativa, signada también por el senador René Arce Islas, propone incorporar en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, los supuestos del artículo 2 de la Convención Internacional en contra de la Tortura y del artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establecen que el estado de guerra o amenaza de guerra, conmoción o conflicto interior, o cualquier otra emergencia pública no serán causas válidas para la práctica de la tortura.

La peligrosidad del detenido, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario tampoco pueden justificar la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Propone que tanto el detenido como el sentenciado deberán ser reconocidos por un perito médico legista, el cual argumentará si hay indicios de tortura.

En caso de que el médico legista no dé cuenta de los hechos de manera veraz y fehaciente u omita las pruebas que generaron la tortura será sancionado penalmente.

El objetivo es actualizar y armonizar la legislación vigente en materia de tortura, con avances en la jurisdicción internacional y reformas penales.

Propone aumentar la pena impuesta para que sea de entre cinco y 15 años de cárcel, de 200 a 500 días multa e inhabilitación definitiva, a quien cometa el delito de tortura.

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