• El consumidor afectado gasta entre cuatro mil y siete mil pesos en esa gestión
• Telecomunicaciones, inmobiliarias y energía eléctrica sectores con más quejas

En nuestro país un consumidor gasta entre cuatro mil y siete mil novecientos pesos en sus reclamos para recuperar cobros indebidos o excesivos por parte de empresas proveedoras de bienes o servicios, señaló el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo.

El integrante de la Comisión de Economía explicó que según cifras del Centro de Investigación para el Desarrollo en México (CIDAC), al 60 por ciento de los consumidores no es rentable hacer un reclamo por medio de mecanismos legales, debido a que el costo de éste consumiría completamente el ingreso familiar mensual.

Especificó que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los sectores que tienen mayor número de quejas son los de telecomunicaciones, el inmobiliario y el de energía eléctrica, pero resaltó que también existen un sinnúmero de quejas en contra de gaseras e instituciones financieras.

“Es una desgracia que amparados en la garantía de juicio previo, los grandes monopolios no reparen los daños y abusos a cientos de miles de consumidores”.

Por lo que respecta a las operaciones con tarjetas de crédito, dijo, hay una gran cantidad de cobros indebidos e ilícitos, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México el monto de estos últimos, abundó, supera los mil millones de pesos, además los quebrantos por fraudes con tarjetas crecen en promedio 20 por ciento al año.

Al referirse a la reparación del daño para los tarjetahabientes, dijo que éste representa mucho tiempo invertido y un gasto excesivo, y en muchos casos no llega a buen término para los usuarios.

En este sentido, destacó que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que en 2007 el promedio de conciliación fue de sólo 31 asuntos por cada 100 concluidos y los tiempos de solución tuvieron una variación dependiendo del sector, 40 días en bancos; 52, en sistemas de ahorro para el retiro y 65, en seguros.

“Esta situación hace para el consumidor muy oneroso el resarcimiento de los montos reclamados y la obtención de justicia”, enfatizó.

Ante tal panorama, el legislador presentó una iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución, con la cual busca resolver las controversias que surjan entre proveedores de bienes o servicios y consumidores, para que éstas sean resueltas a través de un procedimiento que será regido por los principios de equidad, imparcialidad, rapidez y profesionalismo.

Asimismo, con dicha modificación pretende que litigios de este tipo se resuelvan mediante un proceso de mediación entre ambas partes, el cual tendrá carácter de definitivo.

Argumentó que en la legislación actual no existen mecanismos para obtener justicia expedita y de bajo costo, por tal motivo una gran cantidad de mexicanos se abstienen de presentar reclamaciones debido a la consecuente impunidad en los excesos de los proveedores, muchos de los cuales tienen el carácter de monopólico.

“La mayoría de los consumidores no presentan quejas debido a lo oneroso de un proceso para obtener justicia y el desgaste en tiempo y los costos en transporte”.

Sostuvo que es necesario que el Congreso de la Unión adecue las leyes correspondientes en la materia, pues se contribuiría a propiciar un clima de justicia para los miles de usuarios de bienes y servicios.

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